Desastres como el del río Sonora, donde la mina Buenavista del Cobre de Grupo México derramó 40 millones de litros de residuos peligrosos, hacen necesario que se modifique el reglamento de impacto ambiental, ya que no se hacen consultas públicas efectivas, se autorizan grandes proyectos de desarrollo e ingeniería en poco tiempo, que pueden tener consecuencias trágicas, advirtió Exequiel Ezcurra, ex presidente del Instituto Nacional de Ecología.

Explicó que el reglamento de impacto ambiental vigente es del siglo pasado, tiene 20 años y serios problemas. Precisó que estos casos no sólo pasan en México, como el del derrame de una presa de jales en un afluente del río Colorado, que puso en jaque a un río entero y a decenas de miles de personas. Es una tragedia como la de Sonora. En Estados Unidos se ha lanzado la voz de que los análisis de riesgo y los mecanismos de impacto ambiental no funcionan.

Actual director del Instituto para México y Estados Unidos de la Universidad de Riverside agregó que las manifestaciones de impacto ambiental se han vuelto un proceso en el que las empresas consultoras hacen estudios, muchas veces mal realizados, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnar) autoriza como mejor puede, y el proceso sigue adelante. Las consecuencias las vemos, como la contaminación del río Sonora, puntualizó.

El gobierno o las empresas promotores de cualquier proyecto que pueda alterar el medio ambiente deben presentar una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), documento en el que muestran datos del proyecto y las afectaciones que puede ocasionar, así como las medidas para mitigarlo. La Semarnat es la encargada de dar la autorización, requisito indispensable para que un plan pueda seguir adelante.

En muchos casos la MIA se ha vuelto trámite burocrático más que una evaluación, la Dgira está tan sobrepasada que no tiene tiempo de revisarlas y hay consultoras que fabrican datos y meten en los estudios información no real ni verificable. No hay manera de analizarlas por expertos en el tema, explicó Ezcurra, entrevistado tras la presentación del libro Voces de la biodiversidad.

La consulta pública de una MIA no está normada, agregó. La Dgira puede llamar si quiere a una consulta, pero nada en la ley la obliga a incorporar las recomendaciones que salgan de ella, sólo escucha a la sociedad, es un acto discrecional, pero así está en el reglamento de impacto ambiental.

Caso de Los Cardones

Señaló que actualmente en La Paz, Baja California Sur, la gente considera que no se le consulta sobre las grandes decisiones de desarrollo; por ejemplo, en la mina Los Cardones que tiene una MIA autorizada para tirar 200 toneladas de cianuro aguas arriba, en la cabecera del acuífero que abastece a la ciudad donde viven unos 200 mil habitantes. El tema de la minería es muy preocupante, apuntó.

Otro problema, precisó, son los plazos, ya que un gran plan de desarrollo no puede evaluarse en tan sólo 60 días. Afirmó que si esta administración quiere dejar un legado en materia de políticas públicas debería ser capaz de revisar el proceso de evaluación de impacto ambiental y actualizarlo.