ientras la presidenta de Chile visita México, los mineros del cobre son reprimidos por las fuerzas de seguridad del Estado. El 23 de julio fue abatido por las balas de carabineros el trabajador del cobre Nelson Quichillao López, mientras demandaban subidas salariales y mejoras laborales. Desde ese día, las protestas mineras se han extendido por todo el país.
En España, el agregado laboral de la embajada, Cristian Cuevas, militante comunista y dirigente sindical, renunció a su cargo diplomático en protesta por la represión a sus compañeros, actitud que le honra. Mientras tanto, el pueblo Mapuche continúa siendo exterminado y expulsado de sus territorios. Sus dirigentes encarcelados, torturados y acusados de terrorismo, no pueden ejercer el habeas corpus.
Terratenientes y multinacionales de la agroindustria son los beneficiados directos de las expropiaciones. Asimismo, los estudiantes secundarios, maestros y profesores universitarios no dejan de manifestarse contra la política educativa neoliberal, cuyo fracaso nadie discute, salvo el gobierno y los empresarios. Sus huelgas son un hito en la historia de las luchas democráticas.
En la sanidad pública, la privatización ha dejado sin cobertura real a cientos de miles de chilenos, los cuales venden sus pertenencias, hipotecan casas y recurren a préstamos usureros para recibir tratamientos paliativos. La lista de espera sobrepasa el año. Algunos pacientes mueren antes de entrar en quirófano, y cuando otros lo consiguen, sus males son irreversibles; les queda la agonía del dolor y la impotencia.
El desmantelamiento de la sanidad pública tiene como contrapartida la venta de seguros médicos y el negocio de la medicina privada. Por si fuera poco, los niveles de corrupción institucional no dejan de crecer. Los escándalos afectan directamente al entorno íntimo de la presidenta. Su primogénito, Sebastián Dávalos, y esposa están imputados por tráfico de influencias, vender información privilegiada y participar en oscuros negocios inmobiliarios.
Igualmente, su ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo, fue obligado a presentar su dimisión al descubrirse su participación en una trama corrupta por la cual cobraba comisiones a la productora de fertilizantes y nitrato Soquimich. Diputados, senadores, ex ministros, alcaldes, concejales, están implicados en lavado de dinero, cobro de comisiones, evasión fiscal, escuchas ilegales, chantajes y cohecho.
En estos momentos, la aceptación de la presidenta apenas alcanza 30 por ciento. Bachelet prefiere mirar hacia otro lado; su respuesta es cobarde. Dice sentirse atacada, ser objeto de persecución política. Para rematar sus explicaciones apela al clásico ‘‘no lo sabía’’, ‘‘me traicionaron en la confianza’’. En otras palabras, su mano derecha no sabía lo que hacia la mano izquierda.
¿Y qué pasa en materia de derechos humanos? La nota es un suspenso. Su gobierno se ha caracterizado por mantener los privilegios a militares condenados por crímenes de lesa humanidad. Ellos cumplen condena en la prisión de Punta Peuco, centro administrado por militares convertido en hotel de lujo. Además, ninguno de los militares encarcelados o que han cumplido condena ha sido expulsado con deshonor de las fuerzas armadas, privado del grado y del derecho a utilizar el uniforme. El caso más reciente, la muerte el 8 de agosto del ex director de la Dina, Manuel Contreras Sepúlveda. Su cuerpo, incinerado, fue amortajado con traje de gala acorde a su rango, general de ejército. El gobierno se limitó a declarar que no convocaría a un funeral de Estado (sic).
Otro dislate ha sido blindar a los militares que han prestado declaración en el informe Valech, sobre torturas y violación de los derechos humanos. El secreto de sumario se extiende por un periodo de medio siglo. En cuanto al día a día, el caso que hoy centra la atención y crea indignación fue perpetrado por el oficial de inteligencia Julio Castañer, el 18 de julio de 1986, mientras dirigía una patrulla militar. Castañer detuvo, torturó, roció con gasolina y prendió fuego a dos jóvenes que protestaban contra la dictadura: Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri.
Carmen Quintana sobrevivió, exiliándose en Canadá donde fue tratada de quemaduras en más de 65 por ciento de su cuerpo. Rodrigo Rojas de Negri no tuvo la misma suerte. Murió tras agonizar durante horas. Las fuerzas armadas han mantenido un pacto de silencio roto por el soldado arrepentido Fernando Guzmán. Mientras tanto, el oficial Castañer fue condecorado y acabó su carrera militar con el grado de coronel. Hoy están siendo interrogados. Siguen sin aparecer cuerpos de detenidos desaparecidos. En eso México y Chile se parecen. Fosas comunes, impunidad y muerte. Los cuerpos de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, sin ir más lejos. Tal vez por ello, Bachelet y Peña Nieto firmarán un protocolo de acuerdo para la formación conjunta de los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué aprenderán los unos de los otros?
Tampoco Bachelet ha tenido la voluntad política para deshacerse de la constitución pinochetista, vigente desde 1980. Se siente a gusto con la carta magna diseñada por quienes rompieron la legalidad, mataron al presidente, violaron y torturaron a cientos de miles de chilenos y fundaron el nuevo Chile de la economía de mercado.
Como señaló su ministro de Exteriores en su primer mandato, Alejandro Foxley: ‘‘Pinochet será recordado para bien por todos los chilenos como el impulsor del cambio que situó a Chile en la globalización’’. Bachelet nunca condenó tales palabras. Chile y México se aproximan, promotores del neoliberalismo en América Latina; los empresarios evaden capitales, no pagan impuestos, se benefician de exenciones fiscales y se enriquecen cada vez más. Mientras tanto aumentan las desigualdades, sus pueblos pasan hambre y pierden derechos democráticos. Su índice de Gini es el más desigual de la región con un coeficiente del 0.557. Este es el Chile real que gobierna Michelle Bachelet bajo un discurso sobreactuado y lleno de mentiras.
