Organizaciones defensoras de derechos humanos lanzaron una alerta ante los actos de persecución, acoso, hostigamiento y represión sistemática que existen en el estado de Veracruz bajo el gobierno de Javier Duarte contra cualquier intento de disidencia o crítica.

En conferencia de prensa, denunciaron una serie de inconsistencias en las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por el multihomicidio de la colonia Narvarte, en el que murieron la activista Nadia Vera y el fotorreportero Rubén Espinosa, quienes abandonaron Veracruz por las amenazas que recibieron.

Además, advirtieron sobre la pretensión de las autoridades capitalinas de cerrar las investigaciones con la conclusión de que se trató de un robo, dejando de lado el probable móvil político del asesinato de Nadia Vera, Rubén Espinosa y otras tres mujeres.

Acompañados por integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), representantes de las organizaciones de derechos humanos cuestionaron la actuación de las autoridades capitalinas, que desde el primer momento de la investigación cayeron en contradicciones y al parecer aún no han construido una línea de investigación sólida.

David Peña, de la ANAD, señaló que el llamado al gobernador Javier Duarte para declarar por el multihomicidio de la colonia Narvarte corresponde más a un juego político que a una verdadera intención de conocer la verdad y hacer justicia.

Sergio Méndez Silva, de la organización Justicia Pro Persona, manifestó que desde el pasado 6 de junio se solicitó oficialmente –expediente 5821/2015-Q– a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que iniciara una investigación por violaciones graves a los derechos humanos.

Dijo que ese organismo está obligado a investigar el caso con estas características y que ante una eventual negativa de la CNDH recurrirán a los tribunales e incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No vamos a permitir que este caso quede como si fuera un robo, advirtió.

Karla Micheel Salas, también de la ANAD, sostuvo que desde el principio la PGJDF impuso múltiples obstáculos para que abogados de esa organización se acreditaran como coadyuvantes del caso, en representación de la familia de Nadia Vera, y sólo les permitieron revisar los seis tomos del expediente durante dos horas.

Sin embargo, dijo que tras consultar el expediente llegaron a la conclusión de que el móvil del robo no se sostiene, pues en el lugar de los hechos quedaron objetos de valor y las autoridades no saben a ciencia cierta qué se robaron.

Ana Yeli Pérez, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, reprobó que se haya filtrado información de las pesquisas, porque con ello se ha tratado de desvirtuar el crimen. Manifestamos nuestra preocupación por las diligencias de las autoridades que investigan el caso, porque se ha filtrado información sensible, con datos falsos e incorrectos. Se debe indagar y sancionar a todos los responsables de las filtraciones, y exigimos que los familiares de las víctimas sean los primeros en ser informados, dijo.

Al leer un pronunciamiento de las organizaciones, Ignacio Córdoba, vocero del Comité 5 de junio, y Julián Ramírez, de Deside, advirtieron que la PGJDF se apresura a cerrar el caso tanto jurídica como mediáticamente, sin investigar siquiera el probable móvil político y la presunta responsabilidad del gobernador Javier Duarte de Ochoa.