Eduardo Sojo, titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se pronunció ayer por la instrumentación de la cédula de identidad como elemento central de las políticas para prevenir la inseguridad, durante su participación en el seminario Violencia y paz: índices, encuestas y cifras, organizado por El Colegio de México.

Esto podría salvar muchas vidas, dijo más tarde en entrevista, en alusión no sólo al ámbito de seguridad, sino a rubros como el de salud.

Al abundar sobre el tema de la cédula –originalmente propuesta durante la administración de Felipe Calderón–, Sojo sostuvo que aproximadamente 80 por ciento de los delincuentes que son aprehendidos mienten al declarar sus datos personales. Con la cédula de identidad, simplemente con las huellas dactilares se sabe quién es.

Acerca de las encuestas realizadas por el Inegi en materia de seguridad, destacó que se debe reconocer que los índices delincuenciales son disímbolos en el país y citó el caso de los homicidios: mientras en Yucatán ocurren dos asesinatos por cada cien mil habitantes, en Aguascalientes se cometen cuatro y en Guerrero hasta 59.

Sojo destacó que la incidencia de homicidios se ha ido reduciendo, ya que en 2014 se cometieron 19 mil 166, es decir, 16 por cada cien mil habitantes, cifra menor a los 19 asesinatos de 2013, 22 de 2012 y 24 de 2011.

Patricia Obeso, del Instituto para la Economía y la Paz en México, destacó que si bien se ha reducido el número de homicidios, aún se cometen más del doble que la media internacional, que es de seis, lo que obliga a fortalecer las acciones preventivas.

Destacó que la paz no es sólo la ausencia de hechos de violencia, sino que la sociedad tenga opciones de desarrollo. Propuso que a partir de las estadísticas se realice una profunda valoración de los resultados obtenidos al dotar de mayores presupuestos a los cuerpos policiacos y militares, y elaborar un reporte del costo-beneficio.

Subrayó que el desglose por regiones permite analizar casos donde los niveles de violencia son muy bajos (Yucatán) o se han reducido (Baja California y Nuevo León) con la finalidad de revisar las políticas exitosas. También se debe ponderar el costo que ha tenido la violencia tanto por la inversión en seguridad como por el impacto en las familias para determinar el efecto de canalizar recursos a la contención y diseño de políticas reactivas, o bien replantearlas hacia la prevención.

La subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Eunice Rendón, destacó la importancia de tener un seguimiento estadístico preciso para definir los factores de riesgo, la incidencia y otros elementos que permitan al gobierno orientarse más hacia una política preventiva que reactiva.

Señaló que la Encuesta Nacional de Cohesión Social que presentó Gobernación servirá para definir políticas preventivas en las zonas de más alto riesgo, ya que permitirá contar con elementos para entender las dinámicas sociales a escala regional y los factores de riesgo que alientan la incidencia delicitiva para poder hacerles frente con políticas públicas.