Durante la segunda sesión del foro Análisis de los delitos contenidos en la ley vigente contra la trata de personas, así como la protección y atención a víctmas, efectuado en el Senado, especialistas, senadores y organizaciones de la sociedad civil coincidieron en la necesidad de crear una legislación homogénea a escala nacional que dé certeza a todos los actores involucrados en materia de reproducción asistida y subrogación de vientres, y a la vez prevenga cualquier tipo de explotación y trata de personas.

La senadora panista Adriana Dávila, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, señaló que se tiene lista una modificación a la ley actual que busca evitar la confusión entre el ilícito de embarazo forzoso y la subrogación de vientre. Con ello, precisó, no se generarán lagunas en los tipos penales.

Dávila refirió que se propone imponer pena de cuatro a 10 años de prisión, y de 200 a 2 mil días de multa a quien con el fin de explotación obligue a contraer matrimonio a una persona para la prostitución, esclavitud o prácticas similares, para embarazo forzado o separar a una hija o hijo de su madre después de su nacimiento.

Abundó la senadora que antes de la reforma que realizó el Senado en materia de trata de personas, había algunas dificultades en el marco legal, que impedían a los operadores de la ley aplicarla con toda certeza, pues era fácil que la trata de personas se confundiera con otros delitos.

Expuso la panista que a partir de la entrada en vigor del nuevo ordenamiento, ahora todos los delitos relacionados con la explotación de las personas se persiguen como trata, pues abarca muchos fines de explotación humana.

Adriana Carmona, directora de Admisibilidad de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, señaló que ante la falta de una claridad y precisión en la maternidad subrogada, se ha generado una situación lucrativa, donde no se pone atención a las mujeres que se sujetan a este tipo de contratación.

La investigadora Eva Alcántara Zavala, de la Universidad Autónoma Metropolitana, apuntó que en el país se desarrollan procedimientos médicos y administrativos en materia de reproducción asistida y subrogación de vientres, para los cuales no existe una regulación mínima.

Añadió que existe una amplia gama de circunstancias que van desde el deseo generoso de ayudar, el interés de ganar dinero para cubrir alguna necesidad o la privación ilegal de la lilbertad, hasta el sometimiento para utilizar el cuerpo de una mujer en calidad de objeto.