a Ley Orgánica que establece la estructura académica y de gobierno de la Universidad Nacional Autónima de México (UNAM) fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1945. La Universidad Nacional de entonces estaba integrada por menos de 30 mil personas. El primer Censo Nacional Universitario de 1949 registra en la institución 23 mil 527 estudiantes y 3 mil 617 profesores, distribuidos en 14 escuelas y dos facultades. Adicionalmente, otras fuentes estiman que por aquellos años existían más de mil 600 plazas administrativas y poco menos de 100 investigadores.
Hoy, esta misma universidad tiene más de 342 mil estudiantes, cerca de 39 mil académicos y 35 mil trabajadores administrativos, distribuidos en 20 facultades, seis escuelas, 32 institutos y 15 centros de investigación. Pese a las nuevas dimensiones de la UNAM, a las profundas transformaciones de la sociedad mexicana y a las revoluciones tecnológicas y culturales ocurridas en los últimos 70 años, la ley fundamental de la universidad no ha sufrido modificación alguna desde aquel lejano año de 1945. Bajo las reglas de esa ley petrificada existe una de las comunidades más participativas de la sociedad civil mexicana y las contradicciones que esta situación genera constituyen el mayor obstáculo para el desarrollo de la institución.
La estructura de gobierno que la ley establece permite la autorregulación de un círculo cerrado de poder en el que predominan las élites gremiales coordinadas por una burocracia con privilegios cada vez mayores. Veamos: el rector forma las ternas a partir de las cuales la Junta de Gobierno (15 miembros) designa a los directores de facultades y escuelas. En el caso de los institutos la junta nombra directores a propuesta del rector, sin terna. El rector, los 73 directores, más los consejeros académicos y estudiantiles proclives a las posiciones de su respectivo director, conforman una amplia mayoría en el Consejo Universitario. Este órgano nombra, a su vez, a los nuevos miembros de la Junta de Gobierno, que sustituyen las vacantes por antigüedad (15 años), muerte, incapacidad o límite de edad (70 años). La junta, por su parte, tiene su momento estelar en la designación cada cuatro años del rector de la universidad.
Los compromisos e intereses que se generan en este circuito de poder fortalecen a una burocracia que centraliza en forma creciente la toma de decisiones. Los administradores avanzan y marginan a quienes realizan las labores sustantivas de la universidad: estudiantes, profesores e investigadores. Por otra parte, esta burocracia mantiene vínculos muy estrechos con el aparato estatal. Resulta así que la designación de autoridades en la UNAM, incluyendo al rector, cada vez tiene que ver menos con los méritos académicos y más con la habilidad de los aspirantes para insertarse en el circuito del poder universitario o para vincularse con el poder estatal.
El próximo 16 de noviembre concluirá el segundo periodo del actual rector y uno nuevo será nombrado. La ley señala que para designarlo la junta explorará, en la forma que estime prudente, la opinión de los universitarios
. La exploración de opiniones hace tiempo que se inició, pero para ser prudente
dicha exploración se hace dentro del círculo cerrado del poder universitario y apunta hacia el aparato estatal, no hacia la comunidad universitaria a la que consideran menor de edad.
La cuestión de cómo se gobierna y cómo se eligen autoridades, vale decir, la sola idea de debatir sobre la democracia en la UNAM es un asunto cuya discusión se ha eludido durante siete décadas bajo el falaz argumento de que la jerarquía del saber no admite democracia alguna. Habría que señalar que en toda colectividad, en toda comunidad siempre aparece una relación política primaria: la relación entre gobernantes y gobernados. Dentro de esta relación cabe, por supuesto, la discusión sobre cómo se gobierna y cómo se eligen autoridades: bajo formas democráticas, oligárquicas o dictatoriales. Negarse a dar este debate ha conformado el peor de los escenarios posibles. Pretender que la especificidad del trabajo académico coloca a la universidad fuera de la política, es hacer la peor de las políticas y condenarla a seguir siendo la institución más vertical y antidemocrática en México. Y sin embargo –como diría el clásico–, se mueve.
*Consejero universitario estudiantil propietario. Escuela Nacional de Economía (1964-65).
Consejero universitario profesor propietario. Facultad de Economía (1985-1988)
