La Paz, BCS.

La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) aprobó de forma condicionada la manifestación de impacto ambiental (MIA) del proyecto minero Los Cardones, pero no podrá operar si carece de la opinión favorable de autoridades estatales y municipales y los trámites cubiertos de cambio de uso de suelo, afirmó José Carlos Cota Osuna, delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Dijo que más allá de la polémica desatada por el proyecto, con el cual se pretende extraer oro a cielo abierto en la zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, la empresa promotora –Desarrollos Zapal del grupo Invecture– debe cubrir cinco condiciones, entre ellas tener el visto bueno del gobierno del estado y del ayuntamiento, así como obtener el cambio de uso de suelo.

Juan Ángel Trasviña Aguilar, consejero del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, integrado por 37 organizaciones civiles opositores a la denominada minería tóxica, sostuvo que el proyecto es inviable, por todas las afectaciones ambientales que podría tener en la Sierra de la Laguna. Agregó que los promotores manejaban en su MIA original que el proyecto generaría 150 empleos directos, mientras el turismo genera más de cien mil en los municipios de La Paz y Los Cabos.

El secretario de Desarrollo del gobierno del estado, Joel Ávila Aguilar, dijo que no se ha solicitado a la administración estatal su opinión técnica sobre el cambio de uso de suelo, de forestal a minero, sobre el proyecto.

Indicó que la postura del gobierno sudcaliforniano es respetar el marco legal relacionado con este y otros proyectos mineros, pero también tomar en cuenta las expresiones de la sociedad civil, y los impactos que puedan tener desde los ámbitos ambiental, social y productivo.

Joel Ávila consideró que Baja California Sur tiene vocaciones regionales definidas en el sur del estado como la actividad turística y el cultivo de productos orgánicos, por lo que no sólo se trata de evaluar las posibles afectaciones ambientales, o si un proyecto cumple o no con el marco legal.

Puntualizó que el gobierno estatal no se opone a la actividad minera, pues en el norte de la entidad se extraen sal, yeso y cobre, así como fosforita en el sur, por lo que la evaluación de los proyectos se da en función de sus características y sus impactos ambientales, sociales y productivos, además de los aspectos legales.

Recordó que en el estado ya se hace minería a cielo abierto, con extracción de grava y arena, lo que no ha despertado polémica porque sus procesos no requieren de elementos químicos, como pasa con el oro.

Trasviña Aguilar informó que tiene registradas 6 mil firmas contra el proyecto Los Cardones, y esta semana espera llegar a 10 mil y con ellas exigir al ayuntamiento de La Paz que rechace cualquier dictamen a favor del cambio de uso de suelo.

Dijo que el jueves pasado, integrantes del Frente Ciudadano y de la minera Los Cardones, en sesiones de cabildo separadas, expusieron sus puntos de vista sobre el proyecto, pero en condiciones diferentes, pues a los opositores los recibieron sin energía eléctrica ni aire acondicionado, mientras a los promotores les permitieron hasta llevar guardias de seguridad privada.

Según Trasviña Aguilar, la directora general de Desarrollo Urbano, Rosa Icela Fiol Manríquez, informó que la empresa no presentó la solicitud de cambio de uso de suelo en la oficina correspondiente, y por lo tanto su trámite se dio por desechado.

Puntualizó que sin el dictamen de Desarrollo Urbano, los regidores no pueden aprobar el cambio de uso de suelo, además de que resulta incongruente que ahora consideren su discusión, cuando en esta misma administración en conjunto fijaron una postura contra el proyecto Los Cardones.