A un año de que la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, contaminó con residuos peligrosos los ríos Sonora y Bacanuchi, no se han cumplido los compromisos que asumieron la empresa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), señalaron afectados.

No hay avances en la limpieza o remediación del cauce, pues sólo se ha trabajado en los primeros 30 kilómetros siniestrados, en los que no hay habitantes; no hay proyectos productivos para quienes se dedican a la agricultura, cuya actividad está colapsada, y tampoco hay abasto suficiente de agua, indicaron en conferencia de prensa habitantes de la cuenca del río Sonora y la organización Poder.

Señalaron que hay cinco amparos por violación a los derechos humanos: uno contra la Secretaría de Agricultura, porque no presentó los proyectos productivos, y dos contra la Semarnat y la empresa por la ausencia de un plan de manejo de residuos peligrosos desde hace tres años y por la falta de un programa de remediación integral.

Una demanda más es también contra la Semarnat por no haber consultado a la población, y otra contra esta dependencia, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Salud porque la normativa para determinar la calidad del agua es muy laxa.

A fines de enero de este año, a cinco meses del derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos en los ríos Bacanuchi y Sonora, en Cananea, el 6 de agosto de 2014, la Semarnat anunció que comenzaría la remediación de los primeros 30 kilómetros, de 276 afectados por la contaminación. En esa ocasión informó que la limpieza del resto de las zonas perjudicadas se realizaría una vez que la minera entregara el resto de los programas.

Para la Semarnat y la empresa, la atención inmediata al río Sonora no ha sido prioridad, ya que hasta ahora sólo está aprobada la dirigida a la primera fase del área aledaña a la mina. A 12 meses de los hechos, han sido omisos. Grupo México ha mentido a la opinión pública acerca de que la contaminación está solucionada, sostuvo Julieta Lamberti, investigadora de Poder.

Indicó que no se sostiene la versión de que el derrame de residuos se debió a las lluvias, ya que de acuerdo con solicitudes de información se supo que el 6 de agosto de 2014 la lluvia fue baja y en días previos ni siquiera hubo precipitaciones.

A su vez, Francisco Miranda, del comité de cuenca del río Sonora, expresó que ya ni siquiera se pueden alimentar de los productos que se dan en la región. Desde hace un año nuestra alimentación no es igual, y los hogares tienen más gastos, porque deben comprar agua de garrafón. Zoila López, integrante del mismo comité, explicó que la Cofepris tiene registradas a 360 personas para brindar atención médica, pero los afectados son más. En su caso, refirió, días después del derrame presentó problemas de motricidad, los cuales aún sufre.

La actividad agrícola, la más importante en la región, no se ha recuperado, pues las cosechas del año pasado resultaron afectadas por el derrame. A la fecha no se sabe si las tierras están contaminadas ni si el agua de los pozos es para consumo humano y riego, explicó el agricultor Adolfo López Peralta.