Doce jueces que procesaban a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, por diversos delitos antes de que se fugara del penal del Altiplano el mes pasado, emitieron autos de suspensión del procedimiento penal, lo que tendrá consecuencias jurídicas favorables para el líder del cártel de Sinaloa debido a que comenzará a correr el plazo de prescripción de cada delito, informaron fuentes del Poder Judicial Federal.

Precisaron que la única posibilidad de que Guzmán Loera pueda ser afectado legalmente por la fuga es que abandonara territorio nacional y fuese detenido en el extranjero, ya que el Código Penal Federal ordena que en esos casos los plazos de prescripción se dupliquen.

Martín Millán, abogado penalista con más de tres décadas de experiencia, indicó en entrevista con La Jornada que los plazos de prescripción de cada delito que se imputan a Guzmán Loera se interrumpirán sólo si se logra su reaprehensión.

El penalista explicó: si nos colocamos en el supuesto de un procesado que está sujeto a juicio con privación de la libertad y el delito por el cual se le está enjuiciando comprende una pena de 12 a 24 años de prisión, si esta persona se fuga se suspende el proceso, y pasados 18 años (utilizando la regla de la pena media aritmética) la responsabilidad y la acción penal en su contra prescribirán, dejando un hecho punible no esclarecido, un daño no reparado y un culpable que no atendió su responsabilidad.

El proceso más reciente que enfrentaba Guzmán Loera comenzó en marzo pasado, después de que la juez Taissia Cruz dictó auto de formal prisión contra El Chapo por delincuencia organizada y cohecho, derivados de su fuga del penal de Occidente, ocurrido el 19 de enero de 2001.

Los plazos de prescripción de los delitos que se imputan a Guzmán Loera sólo aumentarían si se esconde fuera de territorio nacional, lo que se ve poco probable, ya que después de su primera fuga se ocultó en varios estados del país.