La Relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa –ejecutado en una casa de la colonia Narvarte, en el Distrito Federal, junto a cuatro mujeres, entre ellas Nadia Vera, activista de Veracruz– e instó a las autoridades mexicanas a investigar el crimen de manera pronta y oportuna para identificar y sancionar a los responsables.

El organismo pidió que se investigue de manera exhaustiva la hipótesis de que los asesinatos estarían asociados al ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.

En un comunicado, la relatoría de la CIDH manifestó su preocupación por los reiterados actos violentos contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en México. En 2014 fueron ocho los comunicadores asesinados, (crímenes) presuntamente vinculados al ejercicio de la libertad de expresión, y este año, contando el de Espinosa, se han registrado cinco.

Espinosa, reportero gráfico en Veracruz de la revista Proceso y de la agencia Cuartoscuro, y Vera, ex integrante del movimiento #YoSoy132 en Xalapa, habían denunciado intimidaciones. Él se exilió en el Distrito Federal luego de recibir amenazas en Veracruz, pero el viernes fue asesinado junto a cuatro mujeres. Todos los cuerpos presentaban huellas de tortura y el llamado tiro de gracia.

Entrevistado al concluir un foro sobre lactancia, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, consideró que la Procuraduría General de Justicia del Distrito federal (PGJDF) –que investiga el crimen– debe atender todas las líneas de investigación, entre ellas la perspectiva de género, porque entre las víctimas había una activista social, y la labor periodística de Espinosa.

Las organizaciones que integran Espacio OSC enviaron una carta al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, a quien exigieron coadyuvar con las autoridades correspondientes para que en la investigación del asesinato del fotorreportero y de Vera, así como de otras tres mujeres, agote la línea de investigación sobre la posible vinculación de los asesinatos con la labor de ambos.

Resaltaron que el 9 de julio Espinosa hizo público que mantenía conversaciones con la Secretaría de Gobernación (SG) para obtener medidas cautelares. “Solicitamos a usted nos exprese qué plan de protección o acercamiento ofreció la SG a Rubén y cuáles fueron las razones por las que no se pudo concretar (…) Su asesinato no puede ser sorpresa para quien conociera la situación en Veracruz, por tanto, el Estado mexicano ha fallado en su deber de prevenir y generar condiciones idóneas para el ejercicio de la libertad de expresión”.

En respuesta, Gobernación señaló que la ayuda no fue solicitada para él ni para Nadia Vera. La normativa del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la SG, señala que para que este esquema entre en acción se debe tener una solicitud expresa y formal de los comunicadores en riesgo.

En un comunicado emitido por la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la SG, se dice que está en construcción un área de prevención, seguimiento y análisis de dicho mecanismo.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) consideró que el asesinato del fotógrafo es una ilustración alarmante de las amenazas y la violencia que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos en México. Agregó que datos de la fiscalía especializada de la PGR muestran que 43 periodistas han sido asesinados en el país entre 2010 y 2015, 13 de ellos en Veracruz.

Freedom House instó a las autoridades federales a investigar el asesinato de Rubén Espinosa. Con el nivel de violencia contra periodistas en México aumentando a ritmo alarmante, esperamos que este caso no se convierta en el último ejemplo de la impunidad generalizada que prevalece en ese país, que en el caso de periodistas es de 90 por ciento.

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio; Atziri Ávila, coordinadora de la Red Nacional Defensoras de Derechos Humanos, y Marcelina Bautista, presidenta del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, exigieron a las autoridades que las muertes de las cuatro mujeres se investiguen como feminicidios.