a Comisión Nacional de Hidrocarburos señaló ayer que reducirá los requisitos exigidos a las compañías nacionales y extranjeras interesadas en participar en la segunda fase de licitaciones de la llamada ronda uno, para lo cual dio un plazo de presentación de nuevas propuestas que vence el próximo 30 de septiembre. Con la decisión tomada ayer por mandato de las secretarías de Energía y Hacienda y Crédito Público, las empresas o consorcios que participen en la licitación de nueve campos de aguas someras del Golfo de México ya no necesitarán contar con garantía corporativa de 6 mil millones de dólares. En cambio, deberán contratar un seguro de responsabilidad civil y control de pozos por únicamente mil millones de dólares para cubrir posibles accidentes o derrames. Además, si antes las empresas debían presentar 2.5 millones de dólares como garantía de seriedad por cada contrato en el que participaran, ahora podrán ganar múltiples contratos presentando únicamente esa cantidad.

Como el propio secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, reconoció en su momento, esta flexibilización en los requisitos para participar en las licitaciones se produce debido a los decepcionantes resultados de la primera fase de la ronda uno, llevada a cabo el pasado 15 de julio. En palabras del funcionario, las reglas anteriores asustaron a los inversionistas potenciales a quienes se busca hacer más atractivo obtener en explotación una porción del territorio nacional. Cabe recordar que en la licitación efectuada sólo se adjudicaron dos de los 14 bloques petroleros ofertados, pues por los 12 restantes no se recibieron ofertas o éstas resultaron inferiores a los requerimientos mínimos, con lo cual únicamente se captarán 2 mil 600 de los 17 mil millones calculados por el gobierno federal.

Con esta flexibilización –que en realidad es un relajamiento de las regulaciones mínimas esperables en operaciones financieras de esta magnitud–, el gobierno federal abre la puerta a diversos escenarios desfavorables e inciertos, como la imposibilidad de un contratista de reparar daños ambientales que podrían volver inutilizable el mar o las zonas costeras y cuya mitigación resulte superior en costos al seguro contratado, además de que ya no se exigirá a las empresas una garantía de liquidez que demuestre su solvencia corporativa y su capacidad técnica para emprender las explotaciones en cuestión.

Por otra parte, no debe olvidarse que están en juego no simples operaciones entre particulares, sino la cesión de porciones importantes del territorio nacional que quedarán bajo control de las compañías ganadoras de las respectivas licitaciones, todo ello en un contexto de inocultable debilidad del Estado. Es difícil, en tal circunstancia, entender la premura de la actual administración por colocar los bloques petroleros incluso en momentos en que las propias corporaciones energéticas muestran escaso interés en ellos.

Resultaría más sensato rectificar este remate de valiosos recursos energéticos en las actuales condiciones, cuando Petróleos Mexicanos (Pemex) se encuentra maniatada para competir y la caída en las cotizaciones internacionales del petróleo lleva a obtener ventajas irrisorias por recursos cuyo valor se incrementará a mediano plazo.

Los bajos precios del crudo y el consiguiente desinterés de las transnacionales energéticas por realizar inversiones masivas en estos momentos son una oportunidad para que el gobierno federal rectifique el rumbo, fortalezca la industria petrolera nacional y reflexione sobre el futuro de este sector, que fue pilar del desarrollo nacional. La autoridad tiene ante sí, en suma, una oportunidad para corregir los extravíos de una reforma energética que fue aprobada sin consultar a la sociedad, pese a tratarse de una decisión que impacta de manera trascendente la configuración misma del país.