Washington.

El gobierno de Estados Unidos declaró este martes que Puerto Rico necesita un proceso ordenado para restructurar sus obligaciones. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, insistió en que la administración del presidente Barack Obama no está considerando un rescate para el Estado libre asociado.

La postura se presenta un día después de que el gobierno de Puerto Rico informó que no pudo pagar un bono de 58 millones de dólares con vencimiento al 1º de agosto y liquidó sólo 628 mil dólares por concepto de intereses.

Debido a la falta de fondos suficientes para este año fiscal, no se cubrió la totalidad del pago de bonos de la Corporación Pública de Finanzas –entidad puertorriqueña creda para obtener dinero para obra pública–, informó la víspera la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico, Melba Acosta.

El impago impacta a acreedores puertorriqueños, en particular a cooperativas de crédito y ahorro. Pero parte de esos bonos se vendieron en el mercado estadunidense, lo que desbarata la posibilidad de financiamiento futuro, estimaron analistas.

Se cierra la puerta del financiamiento del gobierno y sus corporaciones en el mercado de Estados Unidos, señaló José Joaquín Villamil, analista de la consultora Estudios Técnicos en San Juan.

Los acreedores no son solamente locales, eso es un error, señaló, ante la decisión de la isla, asfixiada por una deuda de 72 mil millones de dólares que el propio gobernador Alejandro García Padilla califica de impagable.

De todas maneras, las casas crediticias de Wall Street ya habían degradado los bonos de Puerto Rico a nivel chatarra, lo que le dificultaba acceder al mercado de bonos.

Acosta reiteró hoy que la decisión de no honrar la deuda obedece a una real falta de liquidez y la necesidad de que el gobierno mantenga los servicios esenciales a la población.

Estados Unidos, que mantiene a Puerto Rico bajo dominio colonial tras invadirlo en 1898, descartó un eventual rescate financiero, aunque apoya la posibilidad de que la isla pueda beneficiarse de la estadunidense ley de quiebras para restructurar su deuda, como lo han hecho ciudades como Detroit. Sin embargo, la decisión sobre ese amparo la tiene el Congreso federal. García Padilla negocia con los acreedores y un equipo prepara un plan de restructuración para escapar del círculo vicioso de contracción, emigración, austeridad e impuestos, el cual debe ser presentado a finales de mes.