na vez más asistimos a la polémica sobre si el sistema público de salud, particularmente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), está en vías de privatización. Para entender el problema y los procesos de privatización es preciso recordar que privatizar no es lo mismo que vender activos; por ejemplo, hospitales. La privatización puede transitar por varias rutas. Una es la subcontratación o subrogación de servicios con prestadores privados y ambas instituciones tienen la facultad legal de hacerlo al igual que las secretarías de salud federal y estatales.
Aunque no se haya discutido mayormente, la llamada Nueva Gerencia Pública (NGP) se aplica con fuerza en México con el argumento de que permite mejorar los servicios de distinto tipo y abatir los costos. El modelo de la NGP es precisamente pagar con fondos públicos a los administradores o prestadores privados. Está sin duda en marcha en el sistema de salud.
En el capítulo XI de su más reciente informe al Congreso, el IMSS expone lo que llama el proceso de cambio estructural en la subrogación de servicios integrales
, y señala que se están en proceso de diseño las bases para la contratación de diversos servicios integrales bajo un esquema plurianual de diálisis, hemodiálisis, laboratorio y cirugías de mínima invasión, entre otros.
Cabe señalar que los laboratorios del IMSS están subrogados desde 2008 y 22.4 por ciento del total de los casos de hemodiálisis ya están subrogados, pero se pretende profundizar este proceso. Es más, hace unos días el IMSS publicó las bases de una licitación internacional de más de 7 millones de sesiones de hemodiálisis en el Diario Oficial de la Federación. El informe también revela que el instituto ensaya el arrendamiento de vehículos administrativos y de ambulancias. Otra forma de privatización usado por el IMSS es la contratación de cuatro hospitales para el periodo 2015-2018 bajo el esquema de Asociación Público-Privada que es un negocio redondo para los privados y carísimo para el sector público.
Otro caso de interés es la prueba piloto para la atención integral de 15 mil diabéticos contratada por el IMSS con la empresa IMS Health. Se puede argumentar que representan una fracción muy pequeña de los 2.5 millones de derechohabientes con diabetes bajo control en el instituto, pero apunta hacia donde se dirige el IMSS. Las características de IMS Health son reveladores. Esta empresa dispone de una base de datos gigantesca, que le permite calcular el riesgo o la probabilidad de grupos poblacionales con diversas características de enfermar por distintas causas, presentar complicaciones o morir anticipadamente. Estos cálculos son usados por las aseguradoras para determinar primas diversificadas y son la base de la inclusión de personas de bajo riesgo y la exclusión de las de alto riesgo.
El IMSS puede alegar que esta prueba piloto permitiría determinar el monto justo de pago por la subrogación de los servicios integrales de diabéticos. Sin embargo, también posibilita subrogar los derechohabientes de bajo riesgo y mantener el tratamiento de los de alto riesgo y mayor costo en los servicios del IMSS, una innovadora forma de privatizar ganancias y socializar pérdidas. Abre además la posibilidad de permitir el acceso de IMS Health a los expedientes electrónicos del IMSS, que es una mina de oro potencial para las aseguradoras y prestadores privados.
El gran peligro de subrogar servicios se ilustra con el contrato multianual con FinaMed de 11 mil millones por servicios especializados en 11 hospitales estatales de Veracruz. El fraude, que involucró el tráfico de influencias, quitó cuantiosos recursos financieros a la Secretaría de Salud y llevó a la negación o posposición de servicios a la población. Aunque las instituciones públicas también son susceptibles de tráfico de influencia, fraudes y conflictos de intereses, hay reglas claras y no se tiene que pasar por procesos judiciales prolongados y complejos para recuperarlos.
Las raíces de la privatización están en el modelo de reforma iniciado con la del IMSS, en 1995/97, y paso a paso instrumentado en el sistema público de salud con el Seguro Popular, en 2003, y la reforma del Issste, en 2007. Los servicios públicos de salud son un ámbito apetecible para la iniciativa privada, ya que el presupuesto federal es del orden de 515 mil millones de pesos o 2.8 por ciento del PIB.
Hasta ahora la movilización ha frenado el proceso privatizador, pero las intenciones siguen en pie.
