Los cubanos que son detenidos por las autoridades migratorias representan un botín para una presunta red de corrupción que opera en el Instituto Nacional de Migración (INM), afirmó el padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue Hermanos en el Camino, quien aseguró que los isleños son considerados tierra de nadie, pues ninguna autoridad, cubana o mexicana, se hace responsable de salvaguardar su integridad.

En conferencia de prensa, donde sostuvo que desde el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto se incrementaron en 200 por ciento los casos de abuso, extorsión y violación de los derechos humanos de los migrantes, destacó que tiene denuncias de actos de abuso, extorsión, golpes, maltratos y humillaciones contra cubanos detenidos en las estaciones migratorias de Las Agujas, Iztapalapa; de Acayucan, Veracruz, y en las sedes migratorias Tapachula, Palenque y San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.

Alberto Donis, coordinador del albergue Hermanos en el Camino, detalló que desde 2012 han recibido casi mil denuncias de cubanos que han enfrentado algún tipo de abuso, maltrato o extorsión en las sedes migratorias.

Informó que en cien incidentes reportados se logró reunir pruebas para presentar una queja formal ante las autoridades competentes, y en 15 de ellos se presentó denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se hiciera la investigación correspondientes. En dos casos adicionales, dijo, se está a la espera de que procedan las consignaciones.

Agregó que los familiares de los detenidos en las instalaciones migratorias son extorsionados presuntamente por funcionarios del INM, con la complicidad de abogados, quienes les piden pagos que van de 3 mil 500 a 5 mil dólares.

En todas estas estaciones migratorias, dijo, se han denunciado actos de extorsión. Afirmó que los hechos documentados se han presentado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como ante la PGR.

El modus operandi, indicó, es que una vez detenidos en las estaciones migratorias, los cubanos son incomunicados, se les pide un número telefónico de sus familiares con una falsa oferta para que puedan tener contacto. “Una vez que obtienen los datos comienza la extorsión a sus familiares, a quienes hacen creer que son traficantes de personas o polleros que los van a trasladar a Estados Unidos, o que son secuestradores”.

Otro mecanismo de extorsión, explicó, es el cobro de un oficio de salida, que legalmente debe entregarles el INM en un lapso de 15 a 60 días, luego de su ingreso a la estación migratoria, con pagos que van de 3 mil a 10 mil dólares. “Desde hace año y medio denunciamos al director de la estación migratoria de Acayucan, Antonio Romero. Exhibimos recibos de pagos por Western Union, donde le depositaban a él y a su esposa, y a otros dos agentes de migración, hasta 5 mil dólares por oficio de salida.

Solalinde informó que el pasado jueves sostuvo una reunión con el presidente de la CNDH, Luis Raúl González, a quien solicitó un convenio institucional para establecer un canal de comunicación directo con la quinta visitaduría, la cual, dijo, ha sido omisa en la atención de las denuncias.

Además, destacó que en estados del norte del país operan bandas de la delincuencia organizada que trafican con los órganos de migrantes indocumentados, en su mayoría centroamericanos, sin que se hayan seguido las investigaciones correspondientes, a pesar de que hemos reiterado la denuncia. Se trata del peor caso de comercialización de un ser humano, prácticamente los vuelven mercancía.