Un juez de distrito especializado en el nuevo sistema de justicia penal dictó auto de vinculación a proceso en contra de cuatro elementos del 97 batallón de infantería adscrito a la 11 Zona Militar con sede en Guadalupe, Zacatecas, al considerar que hay elementos para procesarlos por el delito de desaparición forzada de personas y homicidio calificado en contra de siete civiles.

Las víctimas –siete jóvenes– fueron sacadas de su casa y luego presuntamente asesinadas por los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer que el delito de homicidio está contemplado como uno de los ilícitos en los cuales se debe aplicar la prisión preventiva de oficio, por lo que el juez de la causa ordenó que los cuatro militares inculpados en este juicio fueran encarcelados por el tiempo que dure el proceso y hasta que se dicte la sentencia correspondiente.

En este caso, los siete jóvenes desaparecieron la madrugada del martes 7 de julio, luego que elementos del 97 batallón de infantería los sacaron violentamente de la casa marcada con el número 106 de la calle Francisco I. Madero, de la ciudad zacatecana de Calera.

La denuncia de parientes

El caso trascendió porque los familiares de los jóvenes realizaron una denuncia pública durante una conferencia de prensa en la cual se informó que en un supuesto operativo para buscar armas y drogas, los militares se llevaron a María Alejandra Rocha Montes, Beatriz Fernández Hernández, Jorge David Venegas Leaños, Víctor Hugo González Cisneros, Fernando José Rodríguez Rodríguez, Germán Martín García González y Guillermo García Murrieta.

Los soldados, adscritos a la base militar de Fresnillo, 30 kilómetros al norte de Calera, arribaron a dicho domicilio en cuatro vehículos, entre ellos uno con número oficial 0897, en el cual viajaba el coronel Martín Pérez Reséndiz.

Tras arribar a la vivienda, a las 5:30 horas, los militares entraron violentamente a cuatro habitaciones, de donde se llevaron a los cinco varones y dos mujeres.

Desesperados por no poder localizar a sus parientes, se organizaron y colocaron en puentes peatonales de Calera dos mantas para denunciar el hecho y solicitar al general Antelmo Rojas Yáñez –comandante de la 11 Zona Militar, a la que pertenece el 97 batallón de Fresnillo– su intervención para localizar a los siete jóvenes.

El pasado 16 de julio la policía municipal de Jerez, Zacatecas, localizó cuatro cadáveres, y tres días más tarde otros tres. Los restos, con huellas de tortura y el tiro de gracia, fueron identificados por sus familiares como los siete civiles que fueron sacados de un domicilio en Calera.

Los primeros cuatro cuerpos –los de tres hombres y una mujer– fueron localizados en una vivienda en obra negra cerca de la presa El Tesorero, en la comunidad del mismo nombre del municipio de Jerez.

En la misma zona, el 19 de julio fueron localizados los otros tres cuerpos, uno de ellos de una mujer, confirmó en esa fecha Sergio Martínez Escamillas, delegado de la Procuraduría General de la República (PRG), aunque dijo que había que esperar los peritajes de identificación.

Desde los primeros días en que se denunció el hecho, los cuatro militares fueron detenidos y quedaron a disposición de la Procuraduría General de Justicia Militar.

El 19 de julio, la Sedena reconoció que existían indicios de la participación de militares en la desaparición de siete personas.

Luego, mediante un comunicados de prensa, la institución castrense dio a conocer que obtuvo indicios de una probable participación de personal militar en esta desaparición, y que remitiría el desglose de su indagatoria a la PGR, para que actuara.

El 27 de julio el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, se refirió a lo ocurrido en Zacatecas y aseveró que no consentirían a quienes por intereses mezquinos, personales o de grupo amenazan la paz y la seguridad interior, promueven la degradación y descomposición del tejido social; a quienes agreden a las instituciones; a quienes violentan el estado de derecho.

Cienfuegos añadió: No toleraremos en nuestras filas a quienes por acción u omisión atentan en contra de la vida, la seguridad, la integridad y el patrimonio de las personas.

Ayer el CJF dio a conocer que los cuatro militares quedaron detenidos y serán procesados por los delitos de desaparición forzada, contra la administración de justicia y homicidio calificado.

Este no es el primer caso en que formalmente se procesa a militares por el delito de desaparición forzada, ya que en mayo de 2011 se registraron hechos en los que el civil Jethro Ramsés Sánchez fue detenido en la feria de Cuernavaca con su amigo Horacio Sánchez.

Inicialmente la detención la realizaron los policías locales Pascual Ruiz Hernández, Adrián Alemán Barrios y Mario Bastidas López, quienes tripulaban la patrulla 2771 y dijeron haber intervenido tras una presunta riña. 

Según ellos, el ahora desaparecido dijo pertenecer al cártel del Pacífico sur, por lo q ue los agentes entregaron a los dos jóvenes a militares.

Días después apareció Horacio y dijo que los policías lo apalearon y abandonaron en un paraje, dándolo por muerto, y se llevaron a Jethro.

El 7 de junio las autoridades localizaron los restos del joven en un predio en Atlixco, Puebla.

Dos oficiales del 21 batallón de infantería de la 24 Zona Militar fueron capturados ese mismo día y se les acusó de torturar, asesinar e inhumar clandestinamente al joven.