a naturaleza de la reforma a la Ley del IMSS (1995-97) muestra una reforma financiera que cancela la visión social en el manejo de los recursos económicos y que inicia una nueva etapa: de lucro, a cargo del capital financiero.

Bajo los principios de no incrementar cargas adicionales a trabajadores- empresarios, estimular el papel del instituto como promotor del empleo, la productividad y explorar mecanismos para dar viabilidad a los ramos de aseguramiento, se desató una crítica pública a su sentido social. Según ella, todos los ramos de aseguramiento exhibían problemas financieros, lastrando el crecimiento y la productividad de las empresas, las cuales se encontraban en desventaja competitiva con los socios comerciales de México.

Por ello, se requería de una reforma que incentivara la productividad de las empresas, que evitara la desigualdad de quienes más aportaban y en porcentaje menos recibían. También se proponía eliminar los tiempos de espera para recibir atención médica, estrechar la relación médico-paciente y elevar la calidad de los servicios, tomar en cuenta la carrera salarial del trabajador para el cálculo del monto de la pensión y ampliar la cobertura del ramo de guarderías para lograr una incorporación equitativa de la mujer al mercado laboral.

A casi 18 años de la puesta en marcha de esa reforma, con la que dio inicio la nueva era del IMSS, nos encontramos con un seguro de enfermedad y maternidad (SEM) cuya cuota es menor a la de 1994 y lejana a la cuota de equilibrio. También es patente un gran déficit financiero provocado fundamentalmente por la insuficiencia de la cuota, la falta de cumplimiento de la prima gubernamental para cubrir el rubro gastos médicos para pensionados, así como el crecimiento del gasto en enfermedades crónicas-degenerativas, corrupción, ineficiencia e ineficacia en el sistema de abasto.

Con todo esto, ya sin las cuotas del seguro de invalidez, vida, cesantía en edad avanzada y muerte, se aprecia un severo rezago en la infraestructura médico-hospitalaria, así como la correcta conservación y mantenimiento de la ya existente. No existen estudios sobre la mayor productividad de las empresas con la entrada de la reforma. La insatisfacción de usuarios y prestadores del servicio va en aumento. Se atienden más pacientes, prácticamente con la misma infraestructura. Los tiempos de espera siguen siendo un serio problema.

No hay certidumbre sobre el monto de la pensión para las nuevas generaciones. Hace casi 18 años se responsabilizó al sistema de reparto. Hoy, la crítica no se encamina hacia el sistema financiero-bancario que usa los fondos pensionarios, sino al trabajador, al individuo que debe preocuparse, sólo él, de su futuro.

En el ramo de aseguramiento de guarderías crece la oferta a cambio de la calidad del servicio. Y sobre el seguro de riesgos de trabajo existe ya la propuesta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y el Grupo Financiero Banorte para ser manejado por instituciones privadas. Ello representaría un golpe final al SEM y al IMSS.

El 4 de octubre 2013, reunido con senadores, el director del instituto, José Antonio González Anaya, observó que, para 2030, el IMSS enfrentará un grave problema: tendrá que pagar más de 40 mil millones de pesos adicionales en pensiones y por encima de lo que actualmente eroga: 50 mil millones. Por tanto, solicitó el respaldo de esa cámara para poner en marcha una estrategia de fortalecimiento y contención de gasto.

Destacó que gracias a los cambios al régimen de jubilaciones y pensiones, a partir de 2005, los trabajadores sindicalizados pueden retirarse al cumplir 27 y 28 años de servicio. Y que actualmente 43 mil podrán retirarse al cumplir los 28 años, con una edad promedio de 60 años. De tal suerte que los trabajadores que fueron contratados después de 2008 ingresarán en un sistema financiero sustentable. Por lo anterior, no representan ya una carga financiera y el pasivo laboral no se hace más grande. Sin embargo, agregó, la mala noticia es que debemos enfrentar un costo de transición bien importante, los 50 mil millones de pesos van a aumentar a 92 mil millones en 2030. No es un secreto que el Seguro Social sigue enfrentando problemas financieros importantes.

Después de un largo silencio, el senador perredista Fernando Mayans Canabal tomó la palabra y le observó a González Anaya que, al cierre de 2013, el déficit del seguro de enfermedad y maternidad para personal activo y pensionado llegará a 46 mil 137 millones. Y agregó: la reforma a la Ley del Seguro Social en 1995 no ha sido cumplida. Doce años de informes al Ejecutivo federal y al Congreso revelan que ésta fue una promesa incumplida, por no decir un fracaso, al menos en materia de financiamiento de los servicios de salud. Aunque se buscaba fortalecer al instituto, la realidad fue muy distinta, porque el seguro de enfermedad y maternidad sólo registró superávit durante un semestre en 1997 y regresó a su posición deficitaria a partir de 1999. Por tanto, solicitó al director del IMSS saber si la propuesta de estrategia de fortalecimiento y contención de gasto mejorará al instituto para que cumpla con los servicios de atención integral que tiene encomendados.

Pocos días después, González Anaya puntualizó que resolver los problemas financieros del IMSS no es fin, sino medio, para ofrecer el mejor servicio posible, con calidad, calidez, transparencia. Para ello hay que asegurar el pago de las cuotas-obrero patronales.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco