Con un mensaje de cero tolerancia a la corrupción, los gobiernos federal y del estado de México presentarán hoy las medidas de aplicación urgente derivadas de la alerta de género para 11 municipios de esta entidad, decretada el martes pasado por el sistema nacional en la materia.

Ambas instancias de gobierno admiten la carencia de recursos humanos y materiales para hacer frente a la problemática: en el estado de México casi mil mujeres fueron asesinadas (homicidios dolosos o intencionales) durante el periodo 2005-2014, y la mayoría de los casos de feminicidios siguen impunes.

En el documento base elaborado por la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría de Justicia mexiquense se informa acerca de la creación de agrupaciones estatales especializadas y células municipales de reacción inmediata.

También se propone un programa cultural para la igualdad. Este punto es importante, porque el estudio en el cual se fincó la alerta refiere una permisividad social de la violencia contra las mujeres, y una cultura arraigada que tolera a las agresiones en público.

El plan de emergencia incluye medidas de seguridad, prevención del delito y de mejoramiento de la procuración de justicia; para ello se hará énfasis en la necesidad de asignar recursos adicionales para la procuraduría local.

Al mismo tiempo se comprometerán recursos a programas para visibilizar la violencia de género.

La alerta de género es un mecanismo incluido en la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y su reglamento. El sistema nacional, también derivado de esta norma, votó por primera vez –desde su creación en 2008– la emisión de una alerta, la cual se deberá aplicar en 11 municipios del estado de México: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Valle de Chalco.

Un grupo de especialistas convocados y autorizados por el sistema para analizar la situación en el estado de México emitió algunas sugerencias para detener y disminuir la violencia contra las mujeres. Además de las sustantivas relativas a combatir la impunidad y la corrupción, se indica, entre las sugerencias:

– Investigar con exhaustividad todas las muertes de mujeres, emitir una directiva, por parte del procurador general de la entidad, para que se eviten los procedimientos de mediación o conciliación entre la persona agresora y la víctima o sus familiares.

– Impartir capacitaciones especializadas en materia de protocolos de investigación con perspectiva de género, e informar de manera sencilla a los familiares la ubicación y estado de los expedientes.

– Establecer un mecanismo de sanción para las faltas administrativas; revisar de manera exhaustiva las investigaciones de casos de desapariciones, homicidios y feminicidios para identificar si ha habido negligencia por parte de los servidores públicos encargados de su investigación iniciar los procedimientos administrativos y penales correspondientes.

– Realizar de manera exhaustiva todas las acciones necesarias para la búsqueda y localización inmediata de las niñas y mujeres reportadas como desaparecidas. Diseñar mecanismos específicos de búsqueda y localización, y retomar aspectos del Protocolo Alba, de Chihuahua, a fin de ponerlo de inmediato en práctica, en especial en Ecatepec.