El comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón, celebró el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de la ejecución de tres y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, particularmente porque permite al organismo a su cargo generar procesos para la reparación del daño a los familiares de las víctimas.

El funcionario entendió la desconfianza de los padres de los normalistas para aceptar la reparación, en estos momentos en que han enfocado su atención en la exigencia de justicia, la verdad y búsqueda de sus hijos.

El proceso de reparación no implica de ninguna manera una sujeción a las autoridades o al Estado; por el contrario, es un derecho que ellos tienen, que para nosotros es una obligación y queremos dárselo, dijo en entrevista luego de la inauguración del Encuentro Regional contra la Trata de Personas, organizado por la CNDH.

Rochín subrayó que la reparación integral no sólo debe ser económica, sino que incluye, entre otros aspectos, una disculpa pública, atender los problemas que dieron origen a los hechos y garantizar acciones para la no repetición de actos similares. Dijo que es urgente que las autoridades pertinentes aprueben una ley contra la desaparición forzada.

El informe que la CNDH presentó la semana pasada da varias sugerencias a la CEAV: La primera tiene que ver con realizar un diagnóstico de las consecuencias sicológicas (por los hechos) para las familias y la comunidad en general. Ahora me he reunido con representantes de los padres de los normalistas para saber cómo ven ellos este punto, si las propias familias están de acuerdo que se haga, pero con quién y cómo, afirmó el funcionario de la CEAV.

Desde su punto de vista no se puede realizar un diagnóstico sin el apoyo y venia de los familiares de los normalistas.

La otra recomendación de la CNDH a la comisión es que se inicie un proceso de reparación integral del daño. Rochín remarcó que el exhorto del ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, es que también se dé una reparación comunitaria y colectiva.

Debemos generar las condiciones para que hechos como este, que la CNDH califica como una de las peores violaciones a derechos humanos en los últimos años, no se vuelvan a repetir.

El presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas apuntó que alrededor de 300 personas, entre ellos los 43 normalistas desaparecidos, serán objeto de las acciones de reparación del Estado mexicano.

Al preguntarle acerca de la ejecución por militares de más de 20 personas en Tlatlaya, estado de México, Rochín dijo que de acuerdo con la recomendación de la CNDH, al menos 15 de los ejecutados perdieron la vida de manera arbitraria, y de estos 13 están perfectamente identificados, por lo que ha habido acercamiento con los familiares de estas 13 personas para comenzar con el proceso de reparación.