La Procuraduría General de la República (PGR) eliminó, en lo que va de la gestión de Arely Gómez González, a 70 por ciento de los participantes en el Programa de Testigos Protegidos, pues detectaron que no aportaron ninguna prueba para acreditar cargos a integrantes de la delincuencia organizada, y algunos tenían hasta nueve años con beneficios como escolta, vivienda, alimentación y hasta remuneración mensual.

Funcionarios del gabinete de seguridad revelaron que la medida se aplicó en estos meses, tras un análisis de los resultados que individualmente se obtuvieron con los llamados testigos colaboradores, entre ellos miembros de los cárteles de los Beltrán Leyva, Los Zetas y de Sinaloa.

De acuerdo con la información recabada, el número de testigos colaboradores o protegidos que recibían recursos disminuyó de 60 a menos de 20 personas que se acogieron a este programa aplicado desde 2000, y con base en el cual integrantes de grupos delictivos no son procesados o reciben disminución a sus condenas, a cambio de información que sirva para identificar y llevar a juicio a otros integrantes de grupos criminales.

En el caso de los testigos colaboradores, se toma en cuenta que si bien reconocen haber cometido algún delito, pero las autoridades no los habían detectado, entonces no proceden en su contra, viven bajo la protección de agentes federales, se les proporciona vehículo, casa y manutención para que sus familias puedan contar con ingresos.

En tanto, quienes se acogieron al programa de testigos protegidos una vez que han sido detenidos y puestos a disposición de un juez federal, obtienen reducción en sus sentencias.

En ese contexto, durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se destinaron al programa 178 millones 261 mil 493 pesos.