uatro años después de la desaparición de Sergio de Lara Quezada, su padre sigue sin recibir noticias. Nadie le ha explicado en qué etapa se encuentra el caso, o si al menos hay un expediente. Él lo sigue buscando, vivo o muerto.

La procuraduría estatal cambió de nombre, pero no de estructura. La hoy Fiscalía General no ha se ha hecho cargo de investigar las desapariciones. De acuerdo con el Observatorio de Violencia Social y de Género, en Aguascalientes han desaparecido 239 mujeres y 135 hombres, es decir, hay casi 400 familias que buscan sin cesar a un ser querido y no han tenido respuesta ante su incertidumbre. Esto no incluye a quienes no han reportado la falta de algún familiar por temor a represalias, presiones de autoridades o miedo al escarnio público.

¿A quién compete la recopilación de datos, evidencias y muestras genéticas para integrar una verdadera investigación? ¿Quién legisla sobre la aplicación de protocolos para esclarecer las desapariciones? ¿Dónde están la alerta y los pasos a seguir, no sólo para las familias, sino para las mismas autoridades? ¿Dónde el financiamiento, el fortalecimiento de instituciones y la capacitación de personal para atender a víctimas y familiares? Y la pregunta que debería anteceder a las anteriores: ¿por qué la indiferencia ante el número de desapariciones?

En julio de 2014 la joven Cristal Acevedo Gómez desapareció. Un año después el caso fue resuelto: le dijeron a la familia que fue asaltada e incinerada. La información es escueta, basada en supuestos y en la declaración de un sujeto perseguido por delitos contra la salud. Las autoridades reiteran su respuesta: omisión e indiferencia. El caso ocupará un breve espacio en la nota roja, porque así, justo así, se desvanecen las desapariciones.