El ex secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla Facundo Rosas Rosas fue denunciado penalmente ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien falleció a consecuencia de un impacto con bala de goma o de un cartucho de gas lacrimógeno en julio del año pasado, durante una protesta que realizaron pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, en la autopista Puebla-Atlixco.

Rosas Rosas renunció apenas ayer a su cargo luego de que fue involucrado en presunto robo de combustible el pasado 15 de julio, en el municipio poblano de Tepeaca. El ex funcionario aseguró que su decisión fue para no entorpecer las investigaciones que lleva a cabo la propia PGR.

En este contexto, la procuradora general de la República se reunió en privado con el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, sin que haya trascendido el motivo del encuentro.

Por otra parte, la denuncia en contra del ex titular de Seguridad Pública fue presentada por Elia Tamayo Montes, madre de la víctima, y Araceli Bautista, madre del presidente auxiliar de Chalchihuapan, quienes señalaron que a más de un año de que los habitantes de su localidad fueron agredidos por policías, bajo el mando de Rosas, la muerte de Luis Alberto, quien tenía 13 años, sigue impune.

Explicaron que la demanda está dirigida a la procuradora general de la República, Arely Gómez González, para que ella tome directamente cartas en el asunto.

En entrevista, Bautista señaló que los hechos ocurrieron el 9 de julio de 2014, cuando los pobladores de San Bernardino fueron reprimidos al protestar porque la legislación orgánica municipal fue modificada por el Congreso sin haber consultado a los municipios, lo que modificó la integración de 654 juntas auxiliares.

Hace unos días, la CNDH informó que aún quedan pendientes de cumplir cinco de los 11 puntos de la recomendación que le hizo al gobernador Moreno Valle sobre este asunto, particularmente, los que tienen que ver con la determinación definitiva de las responsabilidades de los servidores públicos involucrados y de las sanciones correspondientes.

En esa ocasión, la comisión demandó al gobierno de Puebla que cumpla en su totalidad con la recomendación e insistió en que no permitirá que se dé carpetazo en la investigación, en tanto no sean atendidos a cabalidad todos los puntos recomendados.