La declaratoria de alerta de género en 11 municipios del estado de México es un hecho histórico, porque contribuirá a disminuir la violencia contra las mujeres en el país, afirmaron representantes de los grupos que integran el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

De manera unánime, los integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres decidieron el martes emitir la primera alerta de género en el país, como resultado de la pugna de cinco años de organizaciones civiles que la solicitaron desde 2010, cuando Enrique Peña Nieto –actual titular del Ejecutivo federal– era gobernador del estado de México.

Ayer varios integrantes del observatorio, en conferencia de prensa, destacaron que la declaratoria implica el reconocimiento del Estado mexicano de que en esa entidad existe violencia sistemática contra las mujeres, que se traduce en delitos del orden común.

Señalaron que, de acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, de 2011 a 2013 se cometieron 840 asesinatos dolosos contra mujeres en esa entidad, de las cuales sólo 145 se investigaron como feminicidios. Además, entre 2011 y 2012 se denunció la desaparición de mil 258 mujeres, de las cuales más de 53 por ciento tenía entre 10 y 17 años de edad.

Según la investigación del sistema para erradicar la violencia, la mayoría de los homicidios se perpetraron en forma cruel y permanecen en la impunidad, y en 57.67 por ciento de los casos la víctima no conocía a su agresor, lo que indica que no se constriñen al ámbito familiar, sino que se trata de violencia comunitaria.

De los feminicidios cometidos entre 2005 y 2010, en 51 por ciento no se formuló imputación alguna ni en 40 por ciento de los perpetrados de 2011 a agosto de 2014.

Por ello, dijeron, la declaratoria es el primer paso para combatir ese grave problema que atenta contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres que habitan en ese estado.

María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, dijo que si bien la declaratoria de alerta es un avance significativo para disminuir la violencia feminicida en el país, la tardanza con que se emitió revela que se necesitan modificar las reglas de operación del sistema.

Explicó que el sistema en la materia se negó a emitir la declaratoria en 2010 por motivos políticos, sin haber leído los argumentos de las organizaciones no gubernamentales, con la pretensión de no perjudicar al entonces gobernador Peña Nieto, quien ya se perfilaba como candidato a la Presidencia.

José Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, subrayó que si la alerta de género se hubiese decretado desde que los grupos civiles lo solicitaron, en 2010, se habrían evitado decenas de delitos y más de 150 asesinatos de mujeres entre 2011 y 2014.

Destacó que con la alerta también se logró mostrar que el sistema no es eficiente ni actúa con la celeridad e imparcialidad que se requiere para enfrentar los retos en materia de justicia, prevención del delito y combate a la impunidad por violaciones a los derechos humanos de las mujeres.

Confió en que las autoridades mexiquenses cumplan cuanto antes las recomendaciones y acciones emanadas de la declaratoria.