l coronel José Rodríguez Pérez era comandante del 27 Batallón de Infantería del Ejército mexicano, con sede en Iguala, la noche en que normalistas de Ayotzinapa fueron atacados, secuestrados y asesinados. Desde tiempo atrás, los jefes militares de la plaza habían mantenido comunicación institucional fluida con el presidente municipal, José Luis Abarca, a tal grado que en el informe de labores de la esposa de éste, María de los Ángeles Pineda, en septiembre de 2014, estuvo como representante de la Secretaría de la Defensa Nacional el capitán Paul Escobar López.

Una especie largamente difundida en los parlamentos de la narrativa murillesca apuntaba a que los estudiantes habían sido llevados a Iguala para afectar ese informe y las aspiraciones de la señora Pineda, quien pretendía ser candidata del PRD a suceder a su cónyuge, lo cual habría desatado la venganza contra los futuros maestros de parte de los grupos criminales alineados con esa pareja de poderío (sólo municipal). Una de las conclusiones que en varias semanas más dará a conocer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes apunta a que los jóvenes no tuvieron el propósito ni hicieron nada para boicotear o violentar dicho informe de la precandidata Pineda.

A pesar de esa comunicación estrecha (la plaza comercial de los Abarca Pineda se construyó en terrenos donados por la Sedena a particulares, merced a gestiones del entonces senador Lázaro Mazón y del legislador Rubén Figueroa Smutny), el coronel Rodríguez Pérez no se enteró más que de muy poco de lo que aconteció en aquella noche y madrugada históricas. Teníamos conocimiento de lo que estaba sucediendo al último; cuando el Ejército salió fue porque nos habían manifestado que había gente civil en el área, explicó el citado coronel, ante los señalamientos de que las fuerzas armadas habían actuado con omisión y complicidad, aunque cada vez hay más voces que suponen un mayor grado de participación.

Balaceras, detención arbitraria de autobuses, agresiones a estudiantes de la normal rural vecina, muertos y heridos, desollamiento facial de uno de los alumnos, secuestros, traslado masivo en vehículos policiacos y transferencia a unidades del otro crimen organizado y, según la verdad histórica, toda una serie de maniobras complicadas para el exterminio de 43 jóvenes, su complicada incineración y el fatigoso ocultamiento de indicios, sin que el coronel comandante del batallón militar se enterara de mayor cosa, ni sus servicios de inteligencia, ni sus subordinados. Tampoco sabrían nada, en ese cuartel, de la predominancia del grupo delictivo asociado a la pareja Abarca Pineda, ni de la existencia de múltiples fosas donde se fueron encontrando restos humanos sin relación con el expediente de los estudiantes.

La clave militar en los sucesos de Iguala ha sido develada sólo en términos bajo control, con testimonios dosificados, sin que concurran a diálogos abiertos ante investigadores independientes todos los miembros del Ejército que presenciaron los hechos o conocieron directamente de ellos. Faltan 16 militares de dar testimonio y el gobierno federal elabora argumentaciones varias para denegar en la práctica tal posibilidad de contar con esas voces centrales. Ahora, el coronel Rodríguez Pérez (quien ordenó en semanas pasadas que se contuviera con gases lacrimógenos y balas de goma a familiares de los 43 y a activistas solidarios que habían arremetido contra la puerta de entrada al citado batallón) es movido del tablero igualteco para enviarlo a otro destino, en una maniobra que no ayudará a un mejor desahogo de diligencias faltantes y que mantendrá vigente la pregunta de cuánto más falta decir a los militares sobre lo que sucedió en aquella noche y madrugada que marcó el declive del gobierno federal.

El próximo miércoles se reunirá el consejo nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para decidir el grado de coparticipación de la militancia en el proceso de convalidar el designio de Los Pinos en cuanto al sucesor de César Camacho y para autorizar formalmente que se emita la convocatoria correspondiente. Hasta anoche quedaban dos cartas en firme: Aurelio Nuño Mayer, nacido en la ciudad de México el 12 de diciembre de 1977, con licenciatura por la Universidad Iberoamericana y maestría por la de Oxford, quien de asesorías y coordinaciones menores saltó a la poderosa jefatura de la Oficina de la Presidencia con Enrique Peña Nieto, originalmente miembro del grupo encabezado por Luis Videgaray pero cada vez más autónomo de éste y cualquier otra facción, ya constructor de la propia, y Manlio Fabio Beltrones Rivera, nacido en Villa Juárez, Sonora, el 30 de agosto de 1952, economista por la UNAM con una extensa carrera en los poderes Legislativo (presidente de las directivas de las cámaras de diputados y de senadores) y Ejecutivo (fue gobernador de su estado natal). Los Pinos se inclina por Nuño, pero la poca experiencia legislativa, ejecutiva y política de éste podría llevar a explorar posibilidades alternas, aunque una de ellas, la del coahuilense Enrique Martínez y Martínez, actual secretario de agricultura y conexos, está en vías de ser derivada hacia el ámbito diplomático.

Mañana termina la oportunidad del gobierno federal de establecer nuevas condiciones en el contrato colectivo del sindicato de trabajadores petroleros. Conforme a los términos de la reforma energética y a los discursos modernizadores de Los Pinos y sus funcionarios del ramo, el nuevo contrato debería poner fin a los excesos de cierto segmento laboral petrolero y, en especial, de sus líderes que son ejemplo de corrupción y descaro. Pero, a diferencia de lo que sucede con los trabajadores de la educación, nada relevante se negoció ni se consiguió (sobre todo en materia de pensiones y jubilaciones, apartado sumamente pesado en cuanto a cargas laborales, riesgo en curso de detonación), así que Carlos Romero Deschamps casi no puede ocultar la sonrisa de satisfacción.

Y mientras, a pesar de todo, subsiste la posibilidad de que se forme la nueva marca, PRDyT (el sol azteca más el PT: perreditras) ¡Hasta mañana!

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