Cuando habitantes del municipio General Cepeda, Coahuila, acompañados del obispo Raúl Vera, denunciaban ayer en conferencia de prensa irregularidades en el proceso de autorización de un proyecto de confinamiento de residuos peligrosos en el ejido La Noria de la Sabina, así como amenazas de gente ligada con la empresa promotora del plan, fueron interrumpidos por Carlos Álvarez –acompañado de un grupo de golpeadores–, quien se presentó como ecologista, y a gritos buscó descalificar a los ejidatarios.

Álvarez preside la asociación Comunicación y Ambiente, y ha expresado públicamente su apoyo a la construcción del confinamiento. Ayer, en un intento por reventar la conferencia de prensa a la que convocaron los ejidatarios en la sede del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, intervino desde el auditorio. Gritó que no eran ejidatarios ni ecologistas y que algunos tenían denuncias por robo de combustible.

Álvarez fue protegido por 10 hombres, varios con aliento alcohólico, que se colocaron a su alrededor para evitar que alguien se le acercara; dijeron ser enviados de Alberto Cinta, diputado del Partido Verde en la Asamblea Legislativa, de acuerdo con el centro de derechos humanos. Tras unos minutos de gritar a los ponentes en la conferencia, Álvarez y sus acompañantes se retiraron.

El sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados de la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte está planeado en una zona donde viven alrededor de 6 mil personas, al sureste de Coahuila, en comunidades dispersas, gran parte de las cuales carecen de información sobre el plan, explicaron ayer.

Los ejidatarios cuestionaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizara de manera irregular la manifestación de impacto ambiental del proyecto, ya que, dijeron, no se realizó la consulta popular que establece la legislación.

El proyecto está planeado en 321 mil metros cuadrados, donde se construirán nueve celdas para confinamiento, y su capacidad total de almacenamiento es de 3 millones 868 mil 160 metros cúbicos de residuos peligrosos.

El obispo de Saltillo, Raúl Vera, sostuvo en su participación que lo que sucede en General Cepeda no es la excepción de lo que ocurre en el resto del país: Ya basta de que las autoridades faciliten que unas familias se enriquezcan a costa de la vida humana y del daño al medio ambiente. Ya basta que el territorio sea dañado. Ejemplificó que en Sonora están presos yaquis defensores del agua, lo cual no ocurrió con el Grupo México que contaminó el río Sonora.

El proyecto lo promueve la familia Calvert, originaria de Saltillo. El prelado denunció que los empresarios consiguieron los permisos sin el aval de la gente y con la complicidad de políticos deshonestos, ignorantes y cínicos. Agregó que no ha habido información y confió en que el gobierno estatal tome cartas en el asunto, porque de ahí nos vienen muchos alimentos y lo que van a hacer es contaminar el agua; eso es lo que más le preocupa a los campesinos, su agua.

Martín Torres, uno de los ejidatarios, dijo que no necesitamos ser ecologistas para defender nuestras tierras. El abogado Jesús González Schmal apuntó que hay varios procesos jurídicos interpuestos en contra del plan.