El fiscal colombiano Julio Ospino Gutiérrez aseguró ayer que Joaquín El Chapo Guzmán Loera habría tenido problemas para fugarse del penal de alta seguridad el Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, si se le hubiera ido todo el Estado encima, con medidas para afectar la enorme fortuna que ha amasado con el tráfico de drogas.

Al participar en el foro Extinción de dominio, organizado por el Senado, indicó que es probable que si al señor que mandó hacer el túnel le hubieran quitado todos sus bienes, lo hubieran atacado financieramente, seguro que le habría sido más difícil construir esa obra maestra de ingeniería para escapar.

Durante el foro, legisladores, expertos en materia judicial e incluso funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) advirtieron que la figura de extinción de dominio, creada para quitar a miembros del crimen organizado los bienes obtenidos ilegalmente, ha sido un fracaso en México.

En su intervención, Ospina recalcó que capos del narcotráfico, como El Chapo, no tienen todos sus recursos en su país de origen. En Colombia sabemos que ellos (los grandes narcotraficantes) tenían su dinero en muchas naciones, y sólo una parte mínima en el país, pero si se les despoja de éste, los ponemos en dificultades, porque, por ejemplo, se arriesgaban al traerlos de las Bahamas o las islas Caimán. Entonces, se desesperan y cometen errores y eso beneficia al Estado, indicó el funcionario colombiano.

En ese foro se dieron cifras contrastantes: el gobierno de Colombia señaló que tiene 49 mil 712 bienes confiscados mediante medidas cautelares, y logró quedarse en definitiva con 10 mil 765 propiedades de narcotraficantes, y no se trata de bicicletas o carros viejos, sino de haciendas, empresas, residencias, caballos de 5 millones de dólares y otras propiedades de cuantioso valor, según expuso el fiscal Ospino.

En México el panorama es otro, la PGR ha acudido sólo en 64 ocasiones a la figura de extinción de dominio, y de éstas, en 43 de ellas logró quedarse con propiedades utilizadas por el crimen organizado para cometer ilícitos.

Estos últimos datos los proporcionó el subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales de la PGR, José Guadalupe Medina, quien reconoció que los datos son lapidarios.

Detalló que en 11 de los 64 casos los jueces negaron la extinción de dominio, es decir, la pérdida de poder de la delincuencia organizada sobre bienes presuntamente utilizados para ilícitos; dos solicitudes fueron desechadas; hubo un desistimiento, y siete están en trámite.

La senadora panista Pilar Ortega Martínez, organizadora del foro, comentó que la realidad ha sido diferente a las expectativas que se generaron cuando se promulgó la Ley de Extinción de Dominio, en 2009, ya que no ha podido convertirse en un instrumento poderoso para minar el poder financiero de los cárteles de la droga.

Hizo notar que incluso Guatemala ha podido resolver más de 200 casos con una ley que viene de 2011, dos años después de la aprobada en México. Al respecto, la juez guatemalteca Ana Isabel Guerra señaló que a través de la extinción de dominio recuperaron 27 millones 641 mil dólares.

La procuradora general de la República (PGR), Arely Gómez, no asistió al acto, y en su lugar envió al subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la dependencia, Gilberto Higuera Bernal, quien demandó que se revise la Ley de Extinción de Dominio, ya que aunque contiene innegables virtudes, sugiere ámbitos de mejora.

Planteó examinar la aplicación de bienes en favor del Estado respecto a más delitos, así como abreviar la duración de los juicios o procesos de extinción de dominio.

Por su parte, el subprocurador José Medina Romero argumentó que el fracaso de la PGR se debe a la aplicación restrictiva y por tanto arbitraria del régimen de extinción de dominio, que pretende no afectar a propietarios o poseedores de buena fe. Uno de los grandes defectos, insistió, es que se pretende aplicar medidas garantistas. Propuso revisar bajo esa óptica los alcances de la ley”.