asta cuándo permanecerán pasivos los médicos ante el desastre que es la guerra del narco como estrategia de salud pública? ¿No es hora de que le entren al debate público? Así como van las cosas, la salud pública está quedando al servicio de una estrategia ante las drogas que es indefendible desde un punto de vista médico. Y para muestra, un botón:

El martes pasado el presidente Peña anunció que las fuerzas armadas entrarán a hacer labor de prevención contra el consumo de drogas. Al día siguiente, el doctor Manuel Mondragón, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), anunció que se cerrarán todos los anexos, es decir, los internados informales para la atención de adictos, por tratarse de lugares operados por delincuentes y debido a las nuevas estrategias que implementarán para que el Estado asuma la responsabilidad de rehabilitar a los enfermos. El ejército será la panacea. Las fuerzas armadas, que ya la hacen de policías improvisados, ahora asumirán también la labor de prevención de adicciones. Al mismo tiempo, se cierran por decreto miles de centros de tratamiento informales.

Los llamados anexos usualmente siguen el sistema de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. En su gran mayoría son ilegales porque no se conforman a la norma oficial mexicana NOM-028-SSA2, expedida en 1999, que marca requisitos para los establecimientos residenciales para adictos. Algunos de esos requisitos son relativamente caros, como contar con apoyo de personal médico, o tener camas individuales para los adictos. La gran mayoría de los anexos no cuentan con nada de eso.

Además, tal como expresó Mondragón, en muchos casos los internos de los anexos han sido literalmente secuestrados y se encuentran en tratamiento contra su voluntad. Lo que no dijo el doctor es que esos raptos se hacen usualmente a petición de los parientes de los adictos, que ya no pueden controlarlos y no encuentran forma de salvarlos. Usualmente, los padrinos (o encargados) de los anexos son antiguos alcohólicos o drogadictos, convertidos a veces al protestantismo o regresados al catolicismo, que crean fórmulas de tratamiento basadas en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, aderezadas con una buena dosis de experiencia personal. Por ejemplo, a veces cuando raptan a un adicto para internarlo lo encobijan, como hacen los narcos cuando levantan a alguien, para que el adicto llegue al anexo entendiendo bien lo cerca que está de caer en las manos mortíferas de los narcos.

En Michoacán, Los caballeros templarios financiaban una red de anexos que usaban como plataforma de reclutamiento. En teoría, los templarios no debían consumir drogas, sino únicamente venderlas, y los anexos resultaban útiles para enganchar personal que conocía de drogas, pero que quizá las había dejado de consumir. O sea que la intervención del aparato de salud pública está ampliamente justificado. Sin embargo, la intervención del Conadic parece más ideológica que médica. Cerrar todos los anexos de un plumazo es ante todo un golpe mediático.

Según investigadores que han estudiado los anexos, en el Distrito Federal las familias de los anexados pagan entre 250 y 650 pesos al mes para mantener a sus parientes adictos. Los encierran porque ya no los controlan, y porque temen por sus vidas. Y porque no hay lugar para ellos en establecimientos públicos, ni dinero suficiente para pagar los establecimientos particulares que sí cumplen con la NOM-028. De hecho, resulta impensable que con cuotas así de bajas los anexos puedan costear lo que quiere la normativa de la Secretaría de Salud. Si el Estado quisiera mejorar las condiciones de los adictos, tendría, o bien que subsidiar a los anexos, o construir una capacidad de tratamiento en establecimientos públicos que actualmente no existe, y que no se construye de la noche a la mañana.

Según el Conadic, hay unos 14 mil anexos en el país, comparados con 2 mil centros de tratamiento residenciales aceptados (públicos y privados). No conocemos el número de pacientes que se estén tratando en esos anexos. Al parecer, algunos tienen capacidad para 10 internos, otros para 60 o más. Si los cierran todos, ¿qué será de los adictos que están en ellos?, ¿qué de sus familias? Si cada anexo tuviera sólo 10 internos, ¿tiene el gobierno recursos para pasar a 140 mil adictos a establecimientos que cumplan la normativa?

La actitud del establishment de salud pública en este caso se parece al que privó cuando se cerró el albergue La Gran Familia de Mamá Rosa: clausura establecimientos, criminaliza al personal que trabaja en ellos, y hace un circo mediático sin tener solución real del problema.

El Estado no se ve a sí mismo como aliado de las instituciones que están sacando la chamba de tratar adictos. En vez de ello, se erige en un predicador del deber ser. No hay datos que sugieran que la mayoría de los anexos sean llevados por delincuentes. En cambio, ¿qué apoyo están recibiendo actualmente del Estado las familias de los adictos que pagan el tratamiento de sus parientes? El Estado criminaliza a los padrinos de los anexos, sin reconocer que son ellos quienes, mal o bien, están apoyando a las familias de los adictos.

Por eso la intervención en este caso pareciera ser ideológica antes que médica. En su discurso del pasado martes –refrendado al día siguiente por Mondragón–, el presidente Peña comienza diciendo que las drogas y las adicciones son enemigos de nuestra sociedad, que debemos combatir unidos, con decision y firmeza.

¿En verdad todas las drogas son enemigas de nuestra sociedad? ¿Cuáles drogas son enemigas y cuáles no? ¿Cuáles se deben combatir con firmeza y cuáles se podrían tolerar o regular? Es científicamente sabido –y recontrasabido– que la mariguana es menos dañina que el alcohol, pero no combatimos con firmeza por igual el alcohol que la mariguana. ¿Por qué? Peor aún, un muy conocido artículo del año 2000 de la revista médica Lancet muestra que en Gran Bretaña el alcohol causa más daño, tanto al usuario como a la sociedad (proporcional al número de usuarios), incluso que la heroína y la cocaína, y desde luego muchísimo más daño que las metanmfetaminas y la mariguana . La política de México sobre drogas no ha sido diseñada con base en una discusión pública que se fundamente en conclusiones médicas.

Y el silencio de los médicos al respecto comienza ya a tornarse en complicidad.