Indígenas de la comunidad de Pueblo Nuevo, municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, fueron desalojados del palacio de gobierno estatal, en Pachuca, a toletazos y con gas lacrimógeno por granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuando se manifestaban para exigir obras. Al menos 41 fueron detenidos.

Los cerca de 300 inconformes, encabezados por su delegado municipal, Joel de la Cruz Montiel, exigían un camino vecinal de Pueblo Nuevo a la localidad de Humedades, también en Ixmiquilpan, como prometió en campaña el gobernador Francisco Olvera Ruiz.

Los indígenas comenzaron a manifestarse pacíficamente a las 11 horas de ayer. Minutos después, una comisión de 15 de ellos, encabezada por De la Cruz, fue recibida por el subsecretario de Gobernación estatal, Alberto Escamilla Vital.

Aunque en un boletín Escamilla Vital aseguró que se ofreció a los manifestantes iniciar la obra el 28 de septiembre, cuando se contaría con los recursos correspondientes, los vecinos de Pueblo Nuevo desmintieron al funcionario.

Los 15 indígenas de la comisión concluyeron el diálogo con el funcionario, salieron del palacio de gobierno, ya rodeado por los granaderos, e informaron a sus compañeros en la explanada que Escamilla se había negado a realizar la obra.

Molestos, los habitantes de Pueblo Nuevo intentaron apoderarse del inmueble y pintaron los cristales de las dos puertas principales, vigilados por cerca de un centenar de granaderos.

Minutos después comenzaron a lanzar piedras a las puertas del palacio de gobierno y estrellaron los ventanales. En respuesta, los granaderos salieron del edificio y arremetieran a toletazos y con gases lacrimógenos contra hombres, mujeres y niños.

Muchos indígenas echaron a correr, pero fueron perseguidos por los policías, quienes detuvieron a un número indeterminado en las inmediaciones de la Plaza Juárez. Otros huyeron en camiones de redilas y otros vehículos rumbo a la ciudad de Actopan, pero los uniformados los alcanzaron en el bulevar Santa Catarina y los arrestaron.

El titular de la SSP, Alfredo Ahedo Mayorga, informó que 41 inconformes fueron detenidos (37 hombres, tres mujeres y un menor) y puestos a disposición de Ministerio Publico.

En tanto, el gobierno de Jalisco informó que brindará asesoría jurídica a los 34 indígenas del ejido Ayotitlán, municipio de Cuautitlan de García Barragán, consignados por los delitos de secuestro consumado, robo calificado, lesiones y despojo, después de manifestarse frente a la minera Peña Colorada y retener a tres empleados de esa empresa.

El pasado 22 de julio más de 300 nahuas del ejido jalisciense de Ayotitlán se plantaron en el acceso de la compañía en el municipio de Minatitlán, Colima, para exigir mil millones de pesos por 50 años de usufructo de mil 200 hectáreas que, aseguran, son de su propiedad.

En rueda de prensa, Efraín Palacios, representante de la Secretaría de Gobierno de Jalisco, explicó que tendrán hasta el jueves a las 19 horas para aportar pruebas.