e acuerdo con cifras oficiales dadas a conocer ayer, en el segundo trimestre del año Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) registraron pérdidas por 84 mil y 19 mil millones de pesos, respectivamente. En ambos casos, estos retrocesos respecto de los resultados de 2014 deben sumarse a los producidos durante el primer trimestre del año, con lo que la merma acumulada asciende a 184 mil millones en la petrolera y 35 mil millones en la empresa de energía eléctrica.

En el caso de Pemex es ineludible señalar que las pérdidas referidas coinciden tanto con la caída en los precios internacionales del crudo como con la depreciación del peso frente al dólar y la baja en las ventas de gasolinas y diésel. No obstante, esos fenómenos coyunturales no son suficientes para explicar la dramática sangría que acusa la petrolera: la caída en las cotizaciones de los hidrocarburos –la mezcla mexicana de exportación pasó de 97.09 a 53.95 dólares por barril– es sin duda un factor de consideración, pero debe recordarse que en 2013 la mezcla mexicana promedió 98 dólares por barril y, aun contando con ese alto precio, Pemex registró una pérdida de 169 mil millones de pesos.

Por lo que respecta a la CFE, es preocupante que esa empresa reporte en el segundo trimestre del año ingresos menores en 10 mil millones de pesos a los obtenidos en el mismo periodo de 2014, sobre todo si se toma en cuenta que el panorama podría agravarse en un futuro próximo: pese a que esta compañía suministra energía eléctrica a 95 por ciento de la población, casi 60 por ciento de sus ingresos proviene de los grandes consumidores no domésticos, justamente aquellos que a raíz de la reforma en la materia podrán contratar el suministro energético a productores privados. Se calcula que con esta liberalización la CFE dejará de captar 185 mil millones de pesos cada año.

Ante estas cifras preocupantes en dos empresas fundamentales del Estado mexicano, cabe preguntarse si tal situación se debe a una inviabilidad intrínseca de las empresas públicas que hace imposible su rentabilidad; a que al mando de éstas se ha colocado a funcionarios incapaces, que debieran ser removidos, o bien –lo que sería grave– a un deliberado abandono que busca favorecer los intereses de compañías privadas del sector. Estas dudas son de particular pertinencia en este momento histórico, cuando se echa a andar una reforma energética presentada por el gobierno federal como solución al problema de competitividad de las ahora llamadas empresas productivas del Estado.

En este sentido, es significativo que, pese a ya no contar con la facultad monopolística en la exploración, explotación y distribución de hidrocarburos, Pemex siga sometida a un régimen fiscal excepcionalmente lesivo, al cual no se encuentra sujeta ninguna de sus competidoras nacionales y extranjeras. Cabe notar que de los 309 mil 700 millones de pesos que obtuvo por sus ventas entre abril y junio de este año, Pemex pagó 97 mil 800 millones en impuestos y derechos, que en los hechos le impidió realizar nuevas inversiones y causó el deterioro de valiosos activos. Si la intención de la referida reforma energética era consolidar a Pemex como una petrolera competitiva a escala internacional, ¿por qué mantenerla en una condición de desventaja fiscal respecto de sus competidoras?

A la vista de estas cifras, no parece sostenerse la pretensión del gobierno federal de que Pemex y la CFE compitan en igualdad con multinacionales cuyas capacidades financieras y tecnológicas las rebasan ampliamente. La administración de las industrias energéticas se muestra tan desafortunada que pareciera ser, en el mejor de los casos, evidencia de una inadmisible ineptitud y, en el peor, consecuencia de un designio deliberado de llevar a las compañías productivas del Estado a la ruina y avanzar, de esa manera, en la lógica privatizadora que constituye uno de los ejes de flotación del neoliberalismo.