La presidenta de la Comisión de Gobernación en el Senado, la priísta Cristina Díaz, informó que en comisiones se lleva un adelanto de 80 por ciento en la Ley Nacional de Ejecución Penal que, dijo, busca instaurar un sistema homologado de sanciones que den gobernabilidad a los centros penitenciarios. Se espera que sea aprobada en septiembre por la 63 Legislatura, con el propósito de que se le otorguen los recursos presupuestales que se requieran.

Comentó que en ese ordenamiento se están definiendo las reglas que habrán de seguir las autoridades penitenciarias para realizar el régimen de internamiento, ingresos, visitas, revisiones, traslados y régimen penitenciario, entre otros.

En el anteproyecto de dictamen, que trabajan las comisiones de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y la de Estudios Legislativos, se ha recibido una decena de observaciones del grupo de trabajo que se constituyó con expertos, académicos, organizaciones civiles, funcionarios y asesores de legisladores, quienes han considerado que contiene aspectos que favorecen la corrupción, la arbitrariedad, la inseguridad jurídica y la impunidad.

Además, el grupo de trabajo hizo llegar a los senadores su preocupación de que en este anteproyecto no se precisen las condiciones de vida, así como los servicios y suministros básicos a los que tienen derecho las personas privadas de su libertad, porque si la legislación nacional no regula las condiciones básicas de todas las cárceles del país, como se ha indicado en criterios de la ONU y el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, éstos dependerán de la buena o mala reglamentación que se adopte en cada prisión.

Señalaron a los senadores que los derechos humanos no pueden tener una dimensión distinta en cada centro penitenciario, ni depender de sus disponibilidades económicas.

Asimismo, advierten que con la figura del supervisor en libertad, se impide el restablecimiento pleno de los derechos y libertades de la persona que cumplió su sanción penal.