Hace 10 meses un hecho cimbró la conciencia social en el país: el ataque contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. El 26 de septiembre de 2014 no será una fecha más en el memorial de las trágicas represiones nacionales. Lo sucedido en Iguala, Guerrero, causó tal indignación ciudadana que podría convertirse en el parteaguas para dar el primer paso contra la impunidad.

Será imposible para el gobierno de Enrique Peña Nieto revertir esa marca de sangre, ese crimen quedó grabado en la memoria colectiva del país. A 10 meses, el caso de los 43 es ejemplo de impunidad, infamia e injusticia; pero al mismo tiempo es un símbolo para alcanzar un cambio en el país, aseveró Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, una de las organizaciones que han acompañado a los familiares de las víctimas en un viacrucis que busca verdad y justicia.

El 26 de septiembre, alumnos de la normal rural de Ayotzinapa se trasladaron desde su escuela, ubicada en el municipio de Tixtla, hasta Iguala para realizar una colecta de recursos con los que financiarían su viaje a la ciudad de México para participar en la marcha conmemorativa por la masacre del 2 de octubre de 1968. No imaginaron sin embargo que correrían con una suerte similar a la de los ejecutados en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

Por la noche, fueron emboscados por un comando de la policía municipal. Varios fueron subidos a vehículos oficiales y otros más cayeron heridos o ejecutados. Se repitieron ataques similares a lo largo de la madrugada de 27 de septiembre. Las agresiones alcanzaron incluso al camión en el que viajaban los integrantes del equipo de futbol de tercera división Los Avispones de Chilpancingo.

Seis personas asesinadas –tres de ellas normalistas, uno, Julio César Mondragón, fue torturado y desollado–, varios heridos y 43 estudiantes de la normal desaparecidos fue el saldo de los ataques. Los policías municipales habrían entregado a los alumnos a integrantes del cártel Guerreros Unidos. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, señalado como uno de los principales responsables del crimen, se dio a la fuga al igual que varios de sus colaboradores.

De inmediato hubo reclamos de justicia. El gobierno de Peña Nieto en principio argumentó que se trataba de un caso local. Al paso de los días los reclamos se transformaron en indignación social y el clamor por la presentación con vida de los 43 normalistas se expresó desde las calles, redes sociales, mantas, carteles, conciertos, estadios deportivos, espacios públicos, universidades y algunos más.

Los 43 destaparon una verdad que el gobierno había negado: que en México hay una crisis de derechos humanos. Las autoridades tenían una estrategia para mostrar a México en el plano internacional como un país de vanguardia en garantías fundamentales. El caso Iguala desplomó ese falso escenario y apareció el México real, el de la violencia, la represión, las ejecuciones y las desapariciones forzadas, apuntó el director del Centro Tlachinollan.

Las multitudinarias movilizaciones sociales tuvieron algunos impactos: la administración federal se vio orillada a dar atención al caso y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, pidió licencia a finales de octubre y meses después no tuvo más que renunciar. La ciudadanía resumió su rabia en una frase: Todos somos Ayotzinapa.

El 29 de octubre de 2014, el mandatario federal recibió en Los Pinos a los padres de los normalistas. Se firmaron 10 compromisos. No todos cumplidos, en palabras de Barrera, particularmente el referente a fortalecer esfuerzos para la localización de los 43 estudiantes desaparecidos. Fueron los padres quienes tuvieron que buscar a sus hijos, lamentó.

A principios de noviembre se logró la detención del alcalde de Iguala y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Ya habían sido aprehendidos algunos policías municipales y varios presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos.

El 7 de ese mes el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ofreció una conferencia para presentar los avances de las indagatorias. Su principal hipótesis fue que los 43 normalistas desaparecidos habrían sido ejecutados, calcinados en el basurero de Cocula hasta convertir sus cuerpos en cenizas, las cuales se arrojaron a un río.

Ante el cúmulo de preguntas de los reporteros, el procurador expresó: Ya me cansé, frase que fue retomada por la ciudadanía y llegó a convertirse en trending topic en redes sociales para manifestar el hartazgo de la sociedad ante lo que sucede en el país.

La versión no fue aceptada por los deudos, sus abogados y las organizaciones que los han acompañado debido a que carece de elementos científicos. Demandaron que se ampliaran las líneas de investigación, pues consideraban desde semanas atrás que elementos del Ejército pudieron estar implicados en los hechos, también exigieron indagar al ex gobernador Aguirre.

En las calles continuaba la exigencia de justicia y presentación con vida de los desaparecidos y la imagen del Ejército fue severamente cuestionada por la ciudadanía. A las miles de voces que se expresaban en México y el mundo se sumó un nuevo clamor: la exigencia por renuncia de Peña Nieto.

Frente a la presión social, el 27 de noviembre el mandatario federal trató de hacer suya la consigna Todos somos Ayotzinapa. Esto sólo generó más indignación social y los familiares le respondieron: Peña, tú no eres Ayotzinapa.

El 4 de diciembre, durante una gira por Coyuca de Benítez, Guerrero, el titular del Ejecutivo convocó a superar el dolor causado por Ayotzinapa. Después de ello, el tema salió del discurso presidencial.

En una nueva conferencia, el 27 de enero de 2015, el procurador Murillo afirmó que ya se conocía la verdad histórica del caso Iguala, el cual, dijo, debía cerrarse y ratificó que de acuerdo con peritajes, evidencias y declaraciones de los detenidos, los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados por integrantes del cártel Guerreros Unidos. Casi un mes después fue removido como procurador y en su lugar fue nombrada Arely Gómez, quien apenas se reunió por primera vez con los padres de los normalistas hace un par de semanas.

“Hay un intento por cerrar el caso, por dejarlo en el olvido. Si bien es cierto que han sido detenidas 110 personas, 10 meses después del crimen no hay avances. No se ha logrado saber quiénes dispararon y por qué, quién lo ordenó. La PGR pretende erigir una ‘verdad histórica’ que carece de elementos científicos, por eso es que se rechaza”, aseveró Vidulfo Rosales, abogado de los familiares.

A más de 300 días de los hechos, el litigante sostuvo que sólo se cuenta con una investigación deficiente que no ha aportado elementos para conocer la verdad y mucho menos para acceder a la justicia.

Sumado a ello, apenas el jueves pasado, al rendir un informe sobre el caso Ayotzinapa, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, aseveró que la indagatoria de la PGR está incompleta y presenta fallas y omisiones. Enfatizó que no es momento de callar ni de olvidar.

A la par, el equipo de forenses argentinos –reconocidos por realizar análisis de restos óseos en varios casos de desaparición en el continente– trabajan en un informe que presentarán en agosto.

Para cerrar, Abel Barrera reconoció que si bien las movilizaciones sociales han decrecido en número, la exigencia de justicia sigue vigente y tiene que ser respondida por las autoridades.