En nombre del Estado mexicano, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, emitió una disculpa pública por el despido de dos militares –en 1998 y 2001, respectivamente– por su condición de portadores del VIH.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se basó en esa condición para expulsarlos de las fuerzas armadas. Las víctimas acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que dictó sentencia en su favor al comprobar que sufrieron discriminación, afectación a su honra, dignidad e integridad personal, así como falta de garantías judiciales y de medios adecuados para acceder a la justicia.

A la ceremonia no acudió el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, sólo el director de Derechos Humanos de esa dependencia, José Carlos Beltrán.

Durante el acto público de reconocimiento de responsabilidad –ante los militares despedidos–, Osorio Chong dijo que México tiene hoy retos a los que estamos haciendo frente con la cara en alto.

La sentencia de la CoIDH deriva del caso 12.689, cuya sentencia fue emitida el 31 de octubre de 2011 para atender de manera integral los daños materiales y morales de las víctimas. Ahí se incluye el mandato al Estado mexicano de emitir una disculpa pública.

El camino para las víctimas fue largo. La lucha en la defensa de militares con VIH se inició hace 18 años, seis meses y tres días, dijo Pedro Morales, uno de los litigantes. El 21 de enero de 1997 conoció al primer militar en esa condición que solicitó sus servicios para ser defendido legalmente.

Durante estos años, dijo, le contagiaron su dignidad y gallardía sin importar que se tratara de un militar de carrera o un soldado de tropa. Su único soporte era el de sus familias, pero no renunciaron a su condición de integrantes de las fuerzas armadas.

Era el mayor pendón en su vida; sin embargo, muchos no entendían cómo era que la institución a la que habían entregado la mayor parte de su vida los privaba de la posibilidad de seguir sirviendo a la patria, destacó.

A algunos la muerte llegaba por la depresión que les causaba haber sido dados de bajas más que por la enfermedad en sí. No obstante, iniciaron una lucha por la defensa de los derechos humanos de los militares.

El Estado mexicano está en deuda con ellos, ya que fueron discriminados, estigmatizados, marginados y excluidos. Esta deuda es consecuencia de que los militares con su lucha fueron capaces de seguir sintiendo la patria, expresó.

En su mensaje, Osorio Chong dijo que la disculpa pública es el último paso para reparar el daño a los peticionarios; el proceso atendió necesidades como su reincorporación, atención médica y sicológica. Además, se procedió a procesar reformas legales en el sistema castrense que eviten la repetición del agravio.

Antes, el subsecretario de Derechos Humanos de la Gobernación, Roberto Campa, señaló que el Estado mexicano cumple así con la disculpa pública ordenada por la CoIDH en la sentencia del 31 de octubre de 2011.