n la novela El túnel, de Ernesto Sabato, poco a poco el protagonista deja de ser actor de sus decisiones y éstas se parecen cada vez más al denso ambiente y oscuridad de un túnel que sólo permite una visión terriblemente parcial e inexacta de la realidad. Como lo intuye pronto el impotente lector, si ese proceso sigue su curso sólo emergerá como final una tragedia. En las circunvoluciones del relato, la visión y acciones de uno determinan y sobrecargan las del otro hasta que todas giran y avanzan con gran rapidez ya totalmente fuera de control. En México, la opción de entrar en un túnel fue tomada libremente por Mexicanos Primero, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el gobierno, pero los demás no somos meros lectores impotentes y, aunque es cierto que el actual no es el Estado que queremos, tenemos derecho a exigirle que no sea indiferente a lo que es la historia de este país, construida sobre la educación, lo que son los derechos a la paz y la elemental tranquilidad para los más de 110 millones de habitantes y, en el caso de 30 millones de niños y jóvenes estudiantes, el derecho a que su educación no se haga objeto de un acuerdo con sectores empresariales y se la lleve cada vez más, como ahora irresponsablemente ocurre, por un túnel de conflicto que se torna cada vez más profundamente dañino para el país y precisamente para esos estudiantes y sus familias.

Esto es especialmente grave porque se trata de un conflicto no sólo solucionable, sino completamente innecesario. ¿Por qué? Porque el nuevo texto del tercero constitucional habla de la evaluación en general, pero en la Ley General del Servicio Profesional Docente se plantea que existen dos tipos, muy distintos, de evaluación. Una es la que describe la ley en los artículos 68 al 83 de la ley, dotada de fuertes rasgos de verdad única, vertical, centralizada y autoritaria. Es, además, claramente punitiva, pues tiene como propósito único inmediato evaluar para definir cuáles y cuántos maestros deben ser separados de su trabajo. La otra evaluación es muy distinta, la ley la propone desde cada escuela y zona escolar, es colectiva y horizontal, y tiene como propósito el mejoramiento de la práctica profesional de los docentes y el avance continuo de la escuela y de la zona escolar(artículo 15). Adicionalmente y en abierto contraste con la evaluación punitiva, plantea que los resultados en ningún momento podrán ser causal de procedimientos de sanción ni tener consecuencias administrativas o laborales (artículo 20). Es decir, propone la mejora de los maestros, no su despido. Y señala que de esa evaluación colectiva se desprendan compromisos verificables de los maestros para mejorar escuelas.

Sin embargo, a pesar de existir dos estrategias muy distintas de evaluación y a pesar de que la Constitución (artículo primero) obliga a que, en caso de varias interpretaciones se escoja la más favorable a las personas concretas, se insiste en la más agresiva y ni siquiera se menciona la otra, la que evalúa de manera integral el trabajo de maestros y escuelas. El énfasis indebido en sólo la opción persecutoria de la evaluación y, además, la insistencia en imponerla al precio que sea, dice mucho de la vocación clasista y represiva que anima a los evaluadores de hoy. Esa vocación lleva a excesos como el de Oaxaca, donde el gobierno federal ha barrido con una institución estatal de educación. ¿Qué seguirá? ¿Usar la evaluación para arrasar maestros, escuelas y zonas rebeldes y sustituirlos por maestros dóciles recién reclutados? Éste es un ejemplo de los recursos desesperados y violentos que una vez adentrado en el túnel del conflicto el Estado está dispuesto a utilizar no para mejorar la educación, sino para someter a los maestros. Esa idea fija, empero, sólo seguirá generando un clima de tensión nacional en las escuelas y familias que, al acumularse al que provoca la inseguridad, corrupción, narcotráfico, crisis económica y la incapacidad del Estado para sentarse a resolver conflictos –como está obligado por la salud de la nación– contribuye a una percepción de creciente ingobernabilidad. Hoy el gobierno puede perfectamente salir de este túnel y esto, desde el significativo terreno de la educación enviaría una señal pacificadora a la nación. Así lo hizo el gobierno hace tres décadas, cuando, en lugar de exigir que se evaluara y removiera a decenas de miles de maestros tomando como pretexto la modificación al tercero constitucional que planteaba una evaluación para el ingreso y permanencia de los docentes universitarios, una actitud distinta hizo posible que muchos de esos maestros universitarios pudiéramos contribuir luego decisivamente a la formación de numerosas generaciones de profesionistas.

Las cartas, pues, están sobre la mesa. Los maestros demandan dialogar y llegar a acuerdos y coincidentemente la Constitución y la ley para ello ofrecen un camino de salida legal y legítimo al conflicto. Sin embargo, si el gobierno, el INEE y Mexicanos Primero se atrincheran en la interpretación más conflictiva y persisten en no abandonar el túnel, les corresponde, entera, esa responsabilidad histórica.

*Rector de la UACM