Ante la decisión del gobernador Gabino Cué Monteagudo de restructurar el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo) y con ello dejar fuera al magisterio de la sección 22 de las decisiones sobre política educativa, investigadores y especialistas en el tema señalaron:

Etelvina Sandoval. Profesora-investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional. Esta decisión deja muy claro que no es un tema educativo. El asunto es el control de un magisterio al que sienten que no pueden controlar. Nos lleva nuevamente a una política de confrontación y de choque, lo cual es muy preocupante para el ámbito educativo. ¿Qué va a pasar con Oaxaca?, ¿se va a quedar sin maestros? Es un golpe muy fuerte, que nos habla de una situación muy riesgosa, que no debemos permitir, no sólo por los maestros, sino por la educación.

Ángel Díaz Barriga. Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es positivo que el Estado asuma que si quiere resolver el problema en Oaxaca tiene que tomar la conducción del sistema educativo. Ahí hubo una irregularidad atribuible al gobernador en 1992 (Heladio Ramírez), de considerar que un sindicato puede ser autoridad educativa. Creo que la sección 22 deformó su proyecto original. Se concentró en considerar que si no lograba una transformación política no iba a lograr una educativa. Cuidó más lo político que lo educativo. El Estado mexicano tiene un reto enorme. No sé hasta dónde lo va a enfrentar. Estamos viendo los primeros efectos de este monstruo al que quieren empezar a controlar.

Juan Manuel Rendón. Ex rector de la Benemérita Escuela Normal de Maestros. El problema radica fundamentalmente en que el gobierno está empeñando en imponer a como dé lugar las condiciones que ha planteado para una reforma, evidentemente de carácter administrativo y laboral, bajo un discurso aparentemente educativo, pero que conlleva un profundo ajuste administrativo a la educación. Están dispuestos a ejercer toda la acción represiva que sea necesaria. Podríamos decir que son medidas draconianas que tienen por objetivo central imponer la reforma educativa. Lo que están haciendo es tratar de generar un Frankenstein que no responde a lo que se necesita en la educación.

Elsie Rockwell Richmond. Investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN. Hay que diferenciar entre las múltiples declaraciones y motivaciones políticas de aquello que ha cambiado con el decreto, lo que demanda estudiar con mayor detalle esas modificaciones. Mi posición es que la educación del país no cambia por decreto. No estoy de acuerdo con muchos de los aspectos de la reforma educativa. No creo que garantice una mejoría en la calidad educativa. Ademas, existe una campaña de desprestigio a los maestros de base que están haciendo muy buen trabajo, incluso en Oaxaca, donde hay muchos proyectos autonómicos realizados por profesores vinculados al Ieepo, que merecen ser reconocidos como aportaciones a la calidad educativa.

Hugo Aboites. Rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es claramente una iniciativa federal. Hay un planteamiento muy problemático, porque se busca arrasar, en este caso, con una institución estatal, y remplazarla por otra a la medida del gobierno federal. Si esta es la política, uno se pregunta qué sigue. ¿Se van a remplazar entonces maestros rebeldes por dóciles en determinas regiones y entidades del país? No hay ninguna disposición a dialogar por parte del gobierno federal. Eso crea un clima de mucha tensión en el país y en el campo educativo. Hay una política de tierra quemada, de arrasar con todo.

Hugo Casanova Cardiel. Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. La decisión de desaparecer el Ieepo forma parte de la serie de desaciertos de la política educativa. Y lo es porque, lejos de ser una estrategia racional de gobierno, constituye una medida que simplemente fue diseñada para contener y golpear a la resistencia magisterial. Con esta medida se comprueba una vez más que las estrategias del gobierno no responden a una plataforma programática en materia educativa, sino a una ofensiva que busca doblegar la resistencia magisterial y que busca silenciar a las voces contrarias al pensamiento oficial. No es a partir de manotazos y expresiones de fuerza que se puede gobernar la educación, sino con argumentos y diálogo.