l informe dado a conocer ayer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la condición incompleta, con fallas y omisiones, de las diligencias ministeriales realizadas por el gobierno mexicano para sustentar su verdad histórica tiene entre sus varios méritos el de no dejar en aislamiento el próximo reporte final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha estudiado a fondo el caso Ayotzinapa y tiene la convicción de que la especie presuntamente definitiva, asentada por Jesús Murillo Karam, no tiene el rigor ni la concisión suficientes y que hay más elementos que deben investigarse en el contexto de los poderes políticos, las fuerzas armadas y los grupos del crimen organizado.

Destaca en particular el señalamiento hecho por la comisión que preside Luis Raúl González Pérez respecto a la necesidad de recabar declaraciones y ampliaciones de declaraciones de algunos agentes policiacos y elementos militares destacamentados en Iguala y Cocula, Guerrero. Una semana atrás, en esta columna se había mencionado el punto ciego de 16 militares que mantienen mutismo sobre Ayotzinapa http://bit.ly/1Gq1i91. No se sabe si el testimonio de esos miembros de las fuerzas armadas cambiará la historia probada que ya tienen los expertos independientes, pero sí ha resultado preocupante que la administración peñista se haya abstenido hasta ahora de permitir que esos testigos de los hechos de Iguala puedan ser entrevistados por los investigadores extranjeros.

El inconsistente argumento que hasta ahora han sostenido en la Procuraduría General de la República y en la Secretaría de Gobernación para no autorizar que esos 16 militares hablen ante los expertos independientes descansa en la presunción de que podría ser afectado el debido proceso si los indagadores coadyuvantes participan en esas diligencias, aunque hasta ahora esos mismos expertos han participado en tomas de declaraciones de otros involucrados, civiles y militares.

Es de desearse que las 32 observaciones y propuestas realizadas por la mencionada CNDH, entre ellas la de recabar declaraciones y ampliar otras, relativas al personal militar, estimulen al gobierno de Enrique Peña Nieto a suspender la vergonzosa elaboración de chapuzas burocráticas para no dar respuesta (una manera de negar en los hechos la solicitud referida) a los mencionados expertos independientes, que en septiembre presentarán su informe final con los señalamientos de las insuficiencias, trampas y elusiones que vivieron en México.

Este contexto negativo, eventualmente demostrativo de que aún hay materia pendiente de investigación, podría llevar a la CIDH a declarar una extensión del periodo de trabajo de los especialistas que actúan conforme a un acuerdo formalizado entre la CIDH, los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado mexicano el 18 de noviembre de 2014, con la finalidad de proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero; así como las investigaciones y acciones que se adopten a fin de sancionar a quienes resulten responsables y, de igual forma, otorgar asistencia a los familiares de los estudiantes. El grupo está integrado por Carlos Martín Beristain, Ángela María Buitrago, Francisco Cox, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia, originarios, respectivamente, de España, Colombia, Chile, Guatemala y Colombia.

La eventual continuidad de los trabajos de este grupo es entendida en la CIDH como una facultad aplicable a partir del acuerdo original, aunque voceros del gobierno mexicano pretenden que las tareas cesen irrevocablemente en septiembre venidero a pesar de que, como se ve, no es solamente ese grupo de extranjeros (que actúa merced a un acuerdo soberano del gobierno mexicano) el que cree necesario ahondar en el caso de los 43 y que tiene objeciones respecto a la verdad histórica sino, también, la CNDH dirigida por González Pérez. ¿Por qué no se ha permitido hasta ahora a esos 16 militares que den testimonio ante los mencionados expertos? Es pertinente mencionar que, en el interesante informe de la CNDH, titulado Estado de la investigación del ‘caso Iguala’ (texto completo), se menciona: En relación con su mandato, el GIEI, designado por la CIDH, ha formulado una serie de planteamientos al gobierno federal; esta Comisión Nacional pide respetuosamente a las instancias gubernamentales den respuesta puntual a ellos.

Por otra parte, las cosas siguen de la patada para México en cuanto a su imagen internacional. Las escenas de barbarie criminal, la corrupción institucionalizada (sobre todo, los escándalos inmobiliarios de renombrados funcionarios federales), los fraudes electorales, los viajes faraónicos de Peña Nieto al extranjero y la reciente fuga de El Chapo Guzmán han configurado una firme impresión negativa de nuestro país. A ello ha contribuido ahora el arbitraje en la Copa Oro de futbol profesional, en especial la ayuda a México en el partido del miércoles en la noche, cuando la selección mexicana fue descaradamente beneficiada con la imposición de un castigo penal contra Panamá, que había jugado mejor que el deficiente equipo conducido por Miguel Herrera, apodado El Piojo.

Con evidentes pruebas de la corrupción que a escala internacional afecta a los organismos rectores de ese negocio deportivo (la FIFA, pero también otras federaciones regionales, como la Concacaf), al resultado de los partidos (con pagos a jugadores y directores técnicos para dejarse ganar, por ejemplo) y al arbitraje en sí (susceptible de compra, como todo en esa mafia del balompié comercial), la suerte del Verde México para pasar sin gloria a una final de esa copa de oropel queda justificadamente bajo la sospecha de maniobras fraudulentas para beneficio de élites deseosas de ganar como lo hacen en los negocios, las elecciones y el manejo mediático: haiga de ser como haiga de ser. ¡Hasta el próximo lunes!

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