Colima, Col.

Treinta y cuatro indígenas nahuas del ejido de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, fueron detenidos y 11, entre ellos un niño, resultaron heridos a pedradas al enfrentarse con policías del vecino estado de Colima y trabajadores de la empresa minera Peña Colorada.

Arturo Tronco, representante del consorcio, informó que la mañana del miércoles cerca de 300 personas se plantaron a la entrada de la empresa, en el municipio colimense de Minatitlán, para exigir más de mil millones de pesos por 50 años de usufructo de mil 200 hectáreas de su propiedad.

Aseguró que los inconformes retuvieron más de ocho horas a tres empleados de Peña Colorada, por lo cual la minera pidió apoyo a las autoridades federales y de Colima.

La Red Jalisciense de Derechos Humanos y el Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco (Fremmar) denunciaron que los campesinos fueron apedreados por trabajadores de la mina y agentes, quienes además se apoderaron de 15 camionetas.

En rueda de prensa, el secretario de Gobierno, Rafael Gutiérrez, dijo que los ejidatarios, armados con palos y piedras, lesionaron a varios elementos de distintas corporaciones y causaron cuantiosos dañosa patrullas y equipo.

Tronco sostuvo que el ejido Ayotitlán recibió por adelantado los pagos convenidos. No hay negociaciones ni proceden acuerdos adicionales que cambien las condiciones originales para la renta de mil 200 hectáreas, aprobada por la asamblea del ejido e inscrita en las dependencias federales correspondientes, puntualizó.

Aseveró que Peña Colorada no realiza extracción en las tierras rentadas en Ayotitlán y que se detuvo la actividad industrial debido a una suspensión promovida por el grupo minoritario del ejido.

Destacó que el consorcio minero cuenta con permisos vigentes para operar en tierras propias que, aseguró, han sido la única fuente de minerales en 50 años.

No proceden las peticiones de regalías adicionales. Peña Colorada extrae mineral de terrenos de su propiedad, que no tienen relación con el ejido y menos con las personas que ilegalmente ingresaron a la mina, y no aceptará ningún tipo de extorsión, concluyó.

Ernestino Ciprián Ocaranza, presidente del comisariado ejidal de Ayotitlán, manifestó que sus reclamos están fundamentados en una resolución judicial y en el juicio de amparo 462/2013 que se sigue en el juzgado segundo de distrito en materia administrativa y del trabajo, con sede en Guadalajara, Jalisco.

Explicó que parte de la mina está en terrenos del ejido, que, señaló, ha sido explotado por 50 años sin haber pagado nada. Indicó que después de que Peña Colorada se negó a pagar, la asamblea ejidal decidió tomar posesión de los terrenos con base en la ejecutoria judicial.

Queja ante la CNDH

Detalló que los terrenos que ocupa la empresa son utilizados para depósito de jales, pero la compañía se había negado a pagar renta debido a que cuenta con una suspensión concedida por la delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en Jalisco; sin embargo, en 2012 se firmó un convenio con el ejido para usar esos predios.

El procurador de Justicia de Colima, Marcos Santana, informó que los 34 nahuas fueron detenidos acusados de daños, despojo y privación ilegal de la libertad, y podrían alcanzar penas hasta de 40 años de prisión. La Red Jalisciense de Derechos Humanos y el Fremmar presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Óscar González, presidente de la red, aseguró que gerentes de la mina depositaron a las 15 horas del miércoles 14 millones de pesos en la cuenta mancomunada del comisariado ejidal de Ayotitlán para detener la protesta, pero la suma es muy inferior a lo que piden.

Refirió que Peña Colorada, con capital de la trasnacional Ternium, explota el yacimiento ferroso más importante del país y, aunque la mayoría de los depósitos concesionados están en el ejido de Ayotitlán, ha aprovechado la indefinición de límites entre Jalisco y Colima para ignorar la orden del juez.