Madrid.

La constructora española OHL y su presidente, Juan Miguel Villar Mir, son investigados por la Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal presentó ante los juzgados de Palma de Mallorca una querella criminal por los delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración pública tras desvelarse que el empresario español –con numerosos intereses en México, donde también ha estado inmerso recientemente en una polémica por corrupción– intentó amañar la adjudicación de un contrato público que superaba los 635 millones de euros (10 mil 500 millones de pesos).

Cuando todavía está reciente el escándalo que provocó la caída en picada el valor de sus acciones en México y en España, a raíz de que se dieron a conocer grabaciones telefónicas en las que se apuntaba a un presunto caso de tráfico de influencias y corrupción de los ejecutivos en México de OHL y funcionarios del estado de México, ahora es en España donde la constructora es sometida a una nueva investigación judicial con la corrupción como telón de fondo.

Y, según la investigación preliminar del fiscal anticorrupción, con el mismo guión: la compra de voluntades de funcionarios públicos a cambio de ser beneficiados en la adjudicación de contratos públicos millonarios.

El contrato que provocó la querella criminal de la Fiscalía Anticorrupción fue la mayor obra pública en la historia de Palma de Mallorca, la capital de las Islas Baleares, que fue para la construcción del hospital Son Espases, en 2006. En la supuesta trama de corrupción estarían implicados, además de Villar Mir y OHL, el ex presidente de la región y dirigente del Partido Popular (PP) Jaume Matas, la ex consejera de Sanidad Ana María Castilla, el ex director general de Salud de Baleares, Sergio Bertrán, y el ex gerente del PP en las Islas Baleares Fernando Areal.

A pesar de que el informe técnico del gobierno concluyó que la mejor oferta para la adjudicación era la presentada por el constructor Villar Mir, finalmente la obra no le fue adjudicada al grupo OHL, sino a otra empresa mixta creada para la adjudicación y en la que participaban otras dos grandes constructoras españolas: Dragados y ACS.

A pesar de que la obra no fue adjudicada a OHL, el fiscal abrió la investigación al detectar numerosas irregularidades en el contrato, sobre todo por las maniobras oscuras del ex presidente Matas para favorecer a Villar Mir.

El propio Villar Mir y su empresa, OHL, están siendo investigados en la trama de financiación ilegal del PP, al figurar como uno de los donantes habituales del partido a cambio de contratos públicos.

La principal fuente de información del fiscal es la también investigada y ex consejera de Sanidad, Ana María Castilla, quien colabora con la justicia en este causa y en otras que también afectan al PP. Según su testimonio, Matas ordenó a sus subalternos manipular las valoraciones técnicas para adjudicar el contrato millonario a OHL.

La constructora es un consorcio empresarial que gestiona anualmente más de 60 mil millones de euros y tiene una plantilla de unos 25 mil trabajadores. Su filial en México es investigada por un caso de corrupción en torno a la adjudicación de la obra del Viaducto Bicentenario, tras las filtraciones de las conversaciones entre sus principales ejecutivos en México, entre ellos José Luis Muñoz, Pedro Wallentin y José Andrés Oteyza, con el ex secretario de Comunicaciones del estado de México, Apolinar Mena, quien renunció al cargo tras desvelarse las conversaciones.

Según las grabaciones, el funcionario recibió prebendas a cambio de los contratos públicos, como vacaciones pagadas en un hotel de lujo en la Riviera Maya, propiedad de la empresa española.