Creada hace un año como gran eje articulador de la política migratoria, la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur desaparecerá como tal, de acuerdo con el proyecto presupuestal del año próximo, delineado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El responsable de esa instancia, Humberto Mayans, volvería al Senado y las funciones sustantivas de la coordinación serían anexadas al Instituto Nacional de Migración (INM), según el plan gubernamental para 2016.

Ambas instancias, la coordinación para la frontera sur y el INM pertenecen a la Secretaría de Gobernación (SG); las dos tienen áreas dedicadas a delinear políticas públicas para este sector. Una tercera instancia, con funciones similares, es la Unidad de Política Migratoria de la propia SG.

La diferencia es que la coordinación de Mayans surgió en un periodo de crisis con el flujo de extranjeros en situación irregular, la mayoría procedente de países de Centroamérica y, por tanto, con ingreso por la franja limítrofe sureña.

En aquel momento, con un repunte de accidentes en el tren de carga utilizado por los migrantes como transporte (conocido como La Bestia), así como de agresiones de grupos criminales contra los extranjeros, la respuesta gubernamental fue la puesta en marcha de esta coordinación.

En el decreto de creación de la coordinación (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2014), se indica que esta nueva instancia es necesaria para aplicar las acciones para el respeto a los derechos humanos, tránsito seguro de los flujos migratorios, así como para fomentar la cohesión social y convivencia armónica con base en el estado de derecho.

En 2015 tuvo un presupuesto de 102 millones de pesos; la mitad fue para pago de salarios y el resto para operación.

Respecto de los cambios propuestos por la SHCP (sujetos a la aprobación de la Cámara de Diputados), la organización Fundar –dedicada al análisis de la administración pública– señaló que aquella dependencia ignora el contenido del Programa Especial de Migración y del propio Plan Nacional de Desarrollo.

Fusionar unidades administrativas en este sector –advierte– puede representar un retroceso en la atención a los migrantes.

La estructura programática presentada, lejos de garantizar que se cumpla lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo y los programas de derechos humanos y migración, muestra signos de que los recursos van a disminuir en los programas fusionados. En otras palabras, en lugar de avanzar en el gasto orientado a la protección de derechos, la propuesta de la SHCP sugiere que habrá retrocesos importantes en materia de derechos humanos, señaló.

Según el documento de Hacienda, la fusión de algunos ramos de Gobernación, en la materia señalada, tiene la finalidad de consolidar la política migratoria en un solo programa presupuestario denominado E008 Política y Servicios Migratorios, con el fin de hacer más eficiente esta área.

La SHCP ignora por completo que la política migratoria es un conjunto de acciones en donde están involucradas más de 45 dependencias de la administración pública federal. En otras palabras, la SHCP ignora lo que mandatan el Presidente y los instrumentos de política pública del país, destaca Fundar.