a descomunal concentración de fuerzas federales en Oaxaca no obedece solamente a la indudable capacidad de movilización y protesta de los profesores convertidos hoy en la pieza de caza mediática, política, administrativa y judicial del peñismo urgido de aparentar fuerza y de encaminar a la opinión pública hacia temas distantes de los expedientes oscuros de esta administración federal.

La toma armada de esa entidad, con la inminencia de una suspensión fáctica de garantías constitucionales, tiene como contexto la profunda y creciente insatisfacción social que en 2006 tuvo una primera vertiente organizada, con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y la consecuente respuesta represiva que utilizó escuadrones de la muerte y fuerzas federales y militares para tejer un reordenamiento a sangre y fuego que sostuvo en el poder estatal al repudiado Ulises Ruiz y permitió la imposición a nivel federal del funerario Felipe Calderón.

El golpe a aquella revuelta social aceleró la convicción en algunos grupos de que las vías políticas y electorales estaban cerradas por los mismos que las proclaman y reivindican, pero no las respetan. En Oaxaca, y en otras entidades, como en el movimiento magisterial y en otros movimientos, esa fundada insatisfacción fue creciendo y, desde el activismo, fortaleciéndose. Hoy, el despliegue de contingentes armados en Oaxaca, el sobrevuelo constante de tantos helicópteros, la exhibición amenazante de equipo militar, la manipulación mediática uniformada, la cancelación de cuentas bancarias legítimas de la sección sindical, las órdenes de aprehensión contra líderes y las versiones de un baño de sangre si las circunstancias lo requieren, forman parte de la verdadera guerra de Peña Nieto (el comprador de helicópteros militares franceses de ataque en su reciente gira internacional), la guerra contra la oposición popular, la guerra contra quienes se defiendan de las políticas y reformas en curso, que golpean los bolsillos de las mayorías, lesionan profundamente el interés nacional y motivan a ciudadanos, grupos y movimientos a luchar contra un gobierno que consideran ya inaceptable.

El ex gobernador de Zacatecas Ricardo Monreal Ávila está profundamente preocupado por el nivel de corrupción del que se ha ido enterando conforme se asoma a los detalles operativos de la delegación Cuauhtémoc, para cuya jefatura fue electo el mes pasado. Hay riesgos hasta de violencia física contra él, dijo uno de sus allegados, también estupefacto por la institucionalización de auténticas pandillas de hampones que han convertido los cargos y las facultades de esa delegación en negocios particulares intocables.

Los indicios de la corrupción generalizada tuvieron una confirmación al saberse que empleados de confianza de esa demarcación estaban quemando y destruyendo papelería delicada. De oficinas claves comenzaron a salir bolsas negras de plástico con rumbo a basureros, de donde enviados de Monreal lograron rescatar una parte, con retacería de documentos, algunos destruidos manualmente y otros en máquinas trituradoras. El equipo del zacatecano colocó en mesas de trabajo tales rompecabezas y logró reconstituir algunos textos, con lo que confirmó la Operación Destrucción que pretende ocultar pruebas de las múltiples pillerías cometidas y, al mismo tiempo, obstruir gravemente el paso administrativo al nuevo delegado, proveniente del partido Morena.

Lo que se va conociendo en la Cuauhtémoc ratifica la profunda putrefacción de los servicios delegacionales en la capital del país, tomados los cargos y las funciones como auténtico botín de guerra por las facciones provenientes, a lo largo de años, del Partido de la Revolución Democrática, enclaves de extorsión y negocios particulares concesionados a los grupos que sostienen electoralmente una industria política capitalina, el bejaranismo en la Cuauhtémoc, y en otras más, como en el resto de las delegaciones otros jefes políticos de las corrientes del sol azteca envilecidas por ese mercantilismo implacable que impone funcionarios como recaudadores particulares. Tan sólo como uno de los múltiples botones de muestra: uno de los cargos menores, casi inadvertidos, que se pelean en las delegaciones es el del control de relojes checadores, pues los encargados de ellos cobran unos 200 pesos a la quincena a los aviadores por dar trámite diario a las tarjetas de asistencia sin que, obviamente, lo hagan esos privilegiados que simplemente se presentan a cobrar periódicamente.

Monreal podría verse incluso en la tesitura de declinar al ejercicio delegacional si no se restituyen las condiciones básicas que le permitan acceder a esa jefatura en condiciones de normalidad, sin el saqueo documental y la siembra de obstáculos (el incremento en el número de ambulantes, por ejemplo) que se sigue dando. Ha pedido a la administración de Miguel Ángel Mancera (en un lance que obedece a la necesidad de buscar colaboración y ayuda del jefe del gobierno capitalino, aunque Morena y AMLO sostengan guerra partidista contra él) que la procuraduría de justicia actúe contra los delegados anteriores y contra los funcionarios que hoy se dedican a ocultar pruebas de malos manejos. Precandidato explícito a la sucesión de Mancera en 2018, Monreal se ha metido en una peligrosa batalla que, de triunfar, podría ayudar a una limpieza general de la profunda corrupción enraizada en las delegaciones durante los largos años del perredismo (una parte de él, componente ahora de Morena, aparentando purificaciones mediante el simple cambio de siglas) cada vez más descompuesto.

Y, mientras Andrés Manuel López Obrador ofrece apoyo a los profesores de la sección 22, oaxaqueña, al tiempo que propone una alianza electoral para el año entrante (¡tan bien que iba! Gabino Cué, pero, ¡pobrecito!, sucumbió a las presiones y tentaciones), ¡hasta mañana, con Osorio Chong encabezando reuniones con gobernadores para afinar acciones conjuntas que lleven a recapturar a El Chapo!

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