Cada año, 100 mil personas abandonan la ciudad de México; es decir, en promedio 75 familias se van a diario a vivir a la periferia y en algunos casos se instalan en asentamientos irregulares ante la falta de oferta de vivienda, especialmente de interés social, aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del Distrito Federal, Felipe de Jesús Gutiérrez.

Sin embargo, reconoció, en la capital hay un boom de grandes complejos habitacionales y de oficinas como nunca se había dado, y aunque admitió que ante la ciudadanía pareciera que el gobierno se dedica a beneficiar a los inmobiliarios, aseguró que todos esos desarrollos han sido aprobados conforme a la ley, por lo que el reto para cambiar esa percepción es garantizar que las constructoras cumplan con las medidas de mitigación que se imponen al aprobar su proyectos.

Respecto de las quejas de vecinos sobre la saturación de servicios en colonias donde se construyen esos edificios, dijo que, por ejemplo, en el caso del agua, hasta por razones físicas se altera el nivel de presión. A veces no es que se disminuya el caudal; el problema es que por razones de gravedad no alcanza a llegar.

Gutiérrez dijo que con la suspensión de la norma 26, en los pasados dos años se dejaron de construir 80 mil viviendas, la mayoría de interés social; además de que ha generado un incremento en el precio del suelo, lo que ha afectado principalmente a la población con menos recursos económicos, que ante este escenario se ve en la necesidad de irse de la ciudad.

Por ello es necesario crear las condiciones que permitan evitar que los capitalinos abandonen la ciudad, para lo cual se requiere actualizar la norma en la materia, que data de 1976 e incluye mil 200 normas distintas, que ya en muchos casos son obsoletas, señaló el funcionario.

Habrá planeación participativa

Agregó que el proceso para actualizar el Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) del Distrito Federal, en septiembre próximo, que se prevé concluya en marzo de 2016, se basará en un método de planeación participativa en el que se escucharán todas las voces, incluida la de los ciudadanos, para alcanzar un modelo de ciudad compacta en el que se haga un uso racional del territorio.

Esto, agregó, no significa hacer rascacielos en toda la ciudad, sino que, de acuerdo con la ubicación, la capacidad de infraestructura instalada que acompaña a los proyectos inmobiliarios, se dé una redensificación.

En cuanto al artículo 41 de la Ley General de Desarrollo Urbano, Felipe de Jesús Gutiérrez se manifestó en contra de derogarlo, aunque sí se manifestó porque sea rediseñado, para fijar con claridad sus alcances.

Respecto de los abusos a la norma 26, el titular de Desarrollo Urbano y Vivienda de la capital del país dijo que se han iniciado al menos 200 procesos de investigación, que hasta el momento han derivado en 20 juicios de lesividad, los cuales siguen su curso.