Organizaciones civiles de atención a migrantes denunciaron que en México se realizan detenciones de extranjeros en el contexto de un endurecimiento de la política migratoria.

La situación se agravó, afirman, a partir de julio de 2014, con la puesta en marcha del Programa Integral de la Frontera Sur.

Lo anterior es expuesto en el informe Derechos cautivos. La situación de las personas migrantes y sujetas a protección internacional en los centros de detención migratoria: siete experiencias de monitoreo desde la sociedad civil.

En el proyecto de investigación participaron Frontera con Justicia AC (Casa del Migrante de Saltillo), el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC, Dignidad y Justicia en el Camino AC (FM4 Paso Libre), el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ-Universidad Iberoamericana Puebla y Sin Fronteras IAP.

En dicho periodo hay un aumento en el flujo de extranjeros en situación irregular. En 2013 fueron presentados ante las autoridades 86 mil 298, en 2014 la cifra subió a 127 mil 332 y en junio de este año la cifra fue de 96 mil 945. La proyección para el cierre de 2015 es de 200 mil, según autoridades de la Secretaría de Gobernación.

Al respecto, las organizaciones civiles advirtieron que la operación de estaciones migratorias significa, en los hechos, privación de la libertad que reviste una naturaleza penal dentro de inmuebles con la réplica estructural carcelaria.

En esos sitios, se afirma, las autoridades no identifican el peligro potencial de muchas personas al ser repatriadas. Es decir, los responsables del registro no analizan la circunstancia de los lugares expulsores de los migrantes, como la violencia exacerbada en Centroamérica.

De igual forma, señalaron, no hay acceso a ninguna lista de abogados defensores.

Los grupos advierten que el plan federal para la frontera sur ha reforzado la criminalización de los migrantes. Por ejemplo, se permite a actores ajenos al Instituto Nacional de Migración participar en las detenciones, las cuales llama rescates la Secretaría de Gobernación.

La realidad es que esta conjunción de autoridades provoca abuso de poder durante la detención y el traslado.

En el documento se explica la política basada en la detección y deportación expedita de personas en situación irregular: un sistema que procesa con agilidad, pero que no identifica situaciones diferenciadas ni garantiza el ejercicio de derechos. Por el contrario, “criminaliza de facto”.

Una de las conclusiones del estudio es que se ha priorizado el control ordenado de flujos migratorios en detrimento de la identificación de necesidades diferenciales entre las personas detenidas.

Por ello, se agrega, en tanto no exista acceso al debido proceso o éste sea deficiente, las personas se verán impedidas de acceder a garantías básicas, como el derecho a la vida.

En el informe se pone énfasis en la falta de protocolos para la salud mental de quien sufre ya un evento traumático al cruzar México.

En cambio, hay casos sin atención de hostigamiento, castigo y persuasión sicológica a través del miedo, como estrategias para disuadir la búsqueda de alternativas para regularizar su estancia en México.

Ante ello piden la suspensión de la detención como base del control migratorio y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados instaurar protocolos de identificación de solicitantes.

De igual forma, los grupos civiles reiteran su llamado para que el gobierno mexicano promueva acciones claras en favor de grupos en situación de riesgo o vulnerabilidad, especialmente de los niños, de forma que la buena voluntad del gobierno de ofrecer alternativas a la detención sea una práctica y no un discurso que carece de condiciones materiales para ser efectivo, se indica en las conclusiones del documento.