Salvador Molina Navarro, quien se identificó como asesor jurídico de José Manuel Mireles, ex líder de los grupos de autodefensa de Michoacán, dio a conocer que en días pasados un tribunal federal confirmó el auto de formal prisión en contra del doctor, quien deberá permanecer en prisión y enfrentar un proceso penal por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

El litigante dijo que ahora Mireles podrá presentar un recurso de revisión que conocerá un tribunal colegiado de circuito.

Molina Navarro y Talía Vázquez Alatorre fueron los primeros abogados que encabezaron la defensa penal del Mireles, tras su detención ocurrida el 27 de junio de 2014 en Lázaro Cárdenas, Michoacán, pero el 20 de noviembre de ese mismo año los litigantes informaron, por medio de redes sociales, que renunciaban a la defensa jurídica de su cliente, ya que, presuntamente, él había aceptado un pacto político con el gobierno federal a cambio de su libertad.

Mireles fue detenido en 2014 y se le atribuyó poseer una pistola, un fusil de asalto, cuatro envoltorios con mariguana y uno con cocaína.

El pasado 3 de julio, la Procuraduría General de la República (PGR) se desistió del recurso con el que había impugnado el amparo que en abril pasado se le concedió a Mireles.

Según información proporcionada entonces por Virginia Mireles, hermana de José Manuel, la dependencia federal, después de un análisis y valoración de las actuaciones en el proceso, determinó retirar el recurso de revisión que había presentado ante el primer tribunal unitario de Michoacán, en el amparo indirecto 52/2014.

El pasado 7 de abril ese tribunal concedió a Mireles y sus escoltas Javier Reyes Magaña, Gerardo López Casillas y Salvador Mendoza García un amparo para efectos de revisar de nueva cuenta si deben continuar bajo juicio por delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Sin embargo, semanas después el juez federal responsable del proceso contra Mireles, con libertad de jurisdicción, dictó por segunda ocasión la formal prisión del acusado, y más tarde un tribunal unitario ratificó la resolución, según lo informado ayer por Salvador Molina.