En México existe una política antilaboral y un sistema que actúa contra la libertad de asociación y organización de los trabajadores, lo cual se basa en los contratos colectivos de protección patronal, que mantienen a los obreros en la pobreza, en medio de amenazas y el temor de ser sancionados o despedidos.

Este planteamiento fue hecho en diversas reuniones de trabajo que sostuvo en Washington el secretario general del sindicato nacional de mineros, Napoleón Gómez Urrutia, con legisladores del Partido Demócrata.

En esos encuentros el dirigente sostuvo una reunión con Sander Levin, demócrata de Michigan y portavoz de su partido en la Cámara de Representantes, sobre acuerdos comerciales, junto con otros tres legisladores y dirigentes de la Federación Estadunidense del Trabajo.

Según informó el sindicato minero, la visión de la reunión fue que los contratos de protección patronal son producto de un manejo que las empresas realizan con la complicidad de autoridades laborales y de los líderes de los sindicatos blancos, a los que manejan con dinero y prebendas para establecer esos acuerdos sin que los trabajadores se enteren siquiera de que existen esos contratos y mucho menos que ya son miembros de un gremio inexistente.

Todo ello deriva en una simulación lesiva para los trabajadores, apuntó Gómez Urrutia en dichos encuentros.

En éstos se planteó que de continuar la política antilaboral, se pedirá que el gobierno mexicano no sea aceptado en el Acuerdo de Asociación Comercial Transpacífico de Libre Comercio.

Como parte de los pronunciamientos de la reunión, se demandó al gobierno de México ajustar su política laboral a los ordenamientos legales propios y al convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical; que haya una verdadera reforma laboral que proteja los derechos de los trabajadores mexicanos, y que se sustituyan las juntas de Conciliación y Arbitraje por tribunales independientes del Poder Ejecutivo, los cuales formen parte del Poder Judicial.