Con una reducción mínima, un largo debate sobre los alcances de la fiscalización y la división de los consejeros en torno a la pretensión de que los partidos políticos devolvieran el dinero de campaña no gastado, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multas por 130.9 millones de pesos por irregularidades diversas en las campañas para la elección federal que impactaron a todos los partidos políticos.

La propuesta avalada por la Comisión de Fiscalización en torno a regresar a la Federación los recursos no gastados se quedó muy cerca de ser aprobada, pues por seis votos a cinco se determinó su improcedencia. Es un típico tema de reserva de ley, cuya discusión no podría darse aquí sino en otro ámbito, en el Legislativo, sentenció el consejero presidente, Lorenzo Córdova, quien inclinó la balanza.

Un debate en el que los consejeros reivindicaron la fiscalización: Las faltas más frecuentes de los partidos consistieron en omitir registrar gastos, y en no comprobar egresos, es decir, ahí donde se detectaron problemas fue en la salida no en el hecho de recibir dinero opaco o de entes prohibidos, puede decirse que las campañas se financiaron con dinero limpio, sostuvo el consejero Ciro Murayama, presidente de la comisión.

La sesión inició con el consabido engrose y fe de erratas, para ajustar a la baja las sanciones; 18 erratas y engroses que implican a cinco institutos políticos que originan una disminución de 5.5 millones de pesos, resumió el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina.

Sólo la consejera Pamela San Martín cuestionó inconsistencias: no hay información que permita una consolidación nacional de ingresos y gastos; no se puede identificar claramente las formas de prorratear los gastos entre candidatos; no hay una base de datos única y final sobre el monto y origen de los ingresos, así como monto destino de los gastos. Por ello, cuestionó que el INE omitiera realizar una investigación más profunda y ejercer sus facultades a plenitud, para confirmar operaciones.

Inusualmente mesurados, prácticamente todos los partidos fueron poco críticos del esquema de fiscalización. Sólo el panista Francisco Gárate, tras ponderar esta primera experiencia, deslizó que la fiscalización se quedó en una auditoría en línea, electrónica, muy relevante, pero de gabinete.

Se quedarán con más de 300 millones de pesos

La expectativa de aprobar que los partidos regresarán más de 300 millones de pesos de recursos de campaña no gastados abortó por una estrecha mayoría. El consejero Benito Nacif, promotor desde el inicio de la medida, sostuvo: Si el INE continúa con la tradición de permitir que los partidos políticos conserven el financiamiento de campaña no utilizado, consentirá que se destinen a un fin distinto a aquel para el cual se le otorgaron a los partidos políticos.

Murayama estimó inviable la propuesta, toda vez que no hay ninguna disposición expresa que obligue a los partidos a reintegrar esos montos, de existir, y el INE tampoco tiene atribución para retirar esos recursos. Por el principio de certeza es incorrecto que la autoridad genere disposiciones para las campañas, cuando las mismas ya concluyeron.

Algunos consejeros, como Marco Antonio Baños y Enrique Andrade, consideraron relevante la propuesta, pero estimaron que era complejo avalarlo, porque no está expresamente reconocido en el marco legal.

Otros, como Beatriz Galindo, estimaron que una interpretación sistemática del marco legal permitiría dar viabilidad a la reintegración de recursos al erario.