Solicita el ombudsman estatal castigar a policías y reforzar la vigilancia en los separos
Martes 21 de julio de 2015, p. 27
Romita, Gto.
Los gobiernos priístas de Apaseo el Grande y Romita incurrieron en violaciones a los derechos humanos por no brindar suficiente protección a un adolescente de 13 años y a un joven de 26 que se suicidaron en las cárceles de los municipios respectivos.
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) emitió cinco recomendaciones al presidente municipal interino de Apaseo el Grande, Ramón Gaudencio Jiménez Hernández, y seis al edil de Romita, Rogelio López López.
El 30 de abril, el ombudsman local, Gustavo Rodríguez Junquera, inició la queja 123/15-A porque en los separos de la dirección de seguridad pública de Romita el menor identificado con las siglas JMH se ahorcó con una cobija después de ser arrestado en la colonia Los Arcos, acusado de intoxicarse en la calle.
El ombudsman recomendó al alcalde, Rogelio López, que sancione a los oficiales calificadores Armando Jaramillo Lozoya y Luis Enrique Ibarra Laguna, así como al policía Rufino Villagómez Gómez.
El munícipe también deberá ordenar que se instale un sistema de circuito cerrado en los separos y elaborar un reglamento que precise las funciones, obligaciones y protocolos a seguir por el personal, solicitó la PDHG.
Asimismo, la cárcel deberá tener personal médico y los servidores públicos de los separos tendrán que recibir capacitación en derechos humanos.
En Apaseo el Grande, el 24 de marzo la PDHG inició el expediente 51/15-C por la muerte de Humberto Cruz García en la cárcel municipal.
El joven fue arrestado por escandalizar en la calle y se suicidó en los separos, también ahorcándose con una cobija.
El presidente municipal interino, Ramón Gaudencio Jiménez Hernández deberá sancionar al policía Valentín Morales Pérez, al coordinador del área de separos preventivos, a la coordinadora de oficiales calificadores, Guadalupe Ávila Mancera, y a la oficial calificadora Sandra Galván Cervantes, solicitó el ombudsman.
Además, la cárcel debe tener sistema de videovigilancia y personal médico para que se practiquen exámenes de salud a las personas detenidas.
