San Juan.

El gobierno de Puerto Rico podría incurrir pronto en el primer impago de deuda si para finales de este mes la situación de flujo de efectivo a su fondo general y el comportamiento de los ingresos le impidieran saldar compromisos a tiempo sin sacrificar servicios a la ciudadanía.

Se trata de la deuda de la Corporación para el Financiamiento Público, entidad estatal que por su estructura legal no cuenta con garantía de crédito del gobierno central para sus obligaciones. No tiene ingresos propios y depende de las asignaciones legislativas para cubrir el servicio de su deuda, que según informes oficiales está cerca de 2 mil millones de dólares.

El 15 de julio el gobierno de Puerto Rico, por conducto de su Banco de Fomento Económico (BGF), debió depositar 94 millones de dólares en una cuenta de reserva para el pago de dicha deuda, que corresponde a 2016 y vence el próximo primero de agosto.

Ese depósito no se hizo en la fecha, como era habitual, y la presidenta del BGF, Melba Acosta, argumentó que no se pudo depositar el dinero porque la Asamblea Legislativa no lo incluyó en el presupuesto, que entró en vigor el primero de julio, a pesar de que el Ejecutivo lo consideró en la propuesta que presentó.

Los legisladores optaron por transferir esa partida y otros recursos al nuevo Fondo para Desarrollo Económico y Pago de Obligaciones de Puerto Rico que crearon, al cual asignaron 275 millones de dólares.

Determinaron, sin embargo, como condición para la utilización de esos fondos que se justifique su uso ante la legislatura y que se apruebe una resolución legislativa autorizando su desembolso.

Hoy, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Luis Cruz Batista, afirmó que se están evaluando todas las alternativas para realizar el pago, pero aclaró que dependerá del flujo de efectivo que tenga el gobierno, ya que la prioridad son los servicios a la ciudadanía. Todos conocemos la situación difícil que estamos enfrentando desde el punto de vista de flujo de efectivo y tenemos que tomar la decisión. Es lo que estamos haciendo, cómo manejar ese flujo de efectivo. Nuestra prioridad es dar servicios a los ciudadanos, de salud, protección y seguridad, y educación, apuntó.

“El pago en sí vence el primero de agosto. Estamos considerando alternativas, pero siempre enfocadas en la liquidez y cuáles van a ser las expectativas de ingresos, lo que llega a la caja del secretario (de Hacienda)…. y eso nos va a permitir tomar decisiones”, agregó. Sobre los 275 millones depositados en el fondo que creó la Legislatura, indicó: Para utilizar esos 275 millones hay que legislar. Muy bien podrían utilizarse para el pago de deuda, pero van a estar en función, como hemos dicho, de que nos sentemos a la mesa, la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, y decidamos cuáles son las prioridades.