Los siete consignados al juzgado cuarto de distrito de procesos penales federales, entre ellos ex funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y ex empleados del área de inteligencia de la Policía Federal (PF), así como custodios del área de videovigilancia del penal del Altiplano, se reservaron su derecho a declarar durante la audiencia de declaración preparatoria que se efectuó el pasado sábado, informaron fuentes del Poder Judicial Federal.

Agregaron que los ex funcionarios y custodios imputados pidieron al juez que resolverá su situación la duplicidad del término constitucional (de 72 a 144 horas), a fin de que en ese tiempo puedan aportar pruebas con las cuales contrarresten los indicios recabados por la Procuraduría General de la República (PGR), que los acusó del delito de evasión de reos.

La PGR encarceló el viernes pasado en el penal federal 12 de Guanajuato a siete personas, entre ellas cuatro empleados del área de monitoreo del Altiplano y tres custodios. Entre los detenidos está Vicente Flores Hernández, quien de 1994 a 2000 fue agente del Cisen, después se incorporó como suboficial a la PF, y al momento de su detención se desempeñaba como subdirector general del Centro de Monitoreo Técnico de la Policía Federal.

También está detenido Juan Cuarenta Orozco, supervisor de seguridad del penal del Altiplano, quien sólo cuenta con la secundaria como grado máximo de estudios. En 2006 ingresó como oficial de vigilancia a la entonces Secretaría de Seguridad Pública y fue adscrito al penal federal del Altiplano. Ascendió como supervisor en 2011.

El oficial Esteban Estrada Ramírez está entre los consignados y laboraba en el cuerpo de seguridad del penal federal al momento de la evasión de Joaquín El Chapo Guzmán. Otro de los funcionarios consignados es Luis Alberto Aguilar Morales, suboficial de la PF asignado a la División de Inteligencia para tareas de vigilancia. Además fue detenido Emanuel Galicia Conchillos, quien desde 2008 es oficial de la Policía Federal.

El próximo jueves vence el plazo constitucional y a más tardar ese día se conocerá si quedan sujetos a proceso o libres por pruebas insuficientes, aunque de quedar en prisión no tendrán derecho a la libertad provisional bajo fianza, porque el delito que se les imputa es considerado grave por el Código Federal de Procedimientos Penales.