En los 15 meses que Joaquín El Chapo Guzmán estuvo en el penal federal del Altiplano, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto desaprovechó la oportunidad para hacer una profunda investigación sobre los recursos económicos, bienes muebles e inmuebles que amasó el narcotraficante durante más de dos décadas de realizar actividades delictivas.

Lo anterior hubiera facilitado aplicar tanto el procedimiento de extinción de dominio como otras figuras legales previstas en las leyes mexicanas, pues con ello se habría podido ‘‘cortar los canales de financiamiento’’ que permitieron a Guzmán Loera fugarse del penal, coincidieron en entrevista con La Jornada los criminólogos y abogados penalistas Martín Millán, Felipe Rosales y José Luis Becerril.

A decir de autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) que fueron consultadas sobre la opinión de los abogados, en esos 15 meses la autoridad ministerial consiguió el abandono a favor del Estado mexicano de los bienes asegurados tras la captura de Guzmán Loera en Mazatlán, Sinaloa, el 22 de febrero de ese 2014.

Prestanombres, ausentes

Funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y de otras áreas de la PGR –quienes pidieron no mencionar sus nombres–, señalaron que los supuestos dueños de los bienes que fueron utilizados por El Chapo antes de su detención no acudieron ante las autoridades ministeriales y judiciales para reclamar y acreditar su propiedad legal durante los plazos establecidos por las leyes penales, por lo cual causaron abandono y están a punto de pasar a manos del gobierno federal.

Durante los meses de julio y diciembre de 2014, y marzo de 2015, la Seido efectuó las notificaciones públicas por medio de edictos publicados en el Diario Oficial de la Federación y en varios medios de comunicación impresos, pero nadie acudió a reclamarlos y/o a acreditar la legítima propiedad de los bienes.

Los embargos precautorios (ordenados por la autoridad ministerial el 20 y 28 de febrero, así como el 3 de marzo de 2014) corresponden a los siguientes bienes muebles e inmuebles:

“Fincas localizadas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en las calles constituyente Enrique Colunga número 1825, colonia La Libertad; constituyente Emiliano García número 1811; Río Humaya número 137, colonia Guadalupe; Javier Mina número 1126, junto a las casas número 1118 y 1132, Fraccionamiento Los Pinos; Puerto de Veracruz 1647, entre Bahía de Ohuira y Puerto Marqués, colonia Vallado Nuevo; Cerro de las Siete Gotas número 642, Colonia Antonio Rosales y/o Colinas de San Miguel’’, destaca uno de los edictos.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la finca ubicada en la calle Río Humaya, en Culiacán, fue cedida en comodato a una asociación dedicada a la atención de niños con cáncer.

Otro de los edictos publicados refiere que los vehículos automotores asegurados –todos con placas de Sinaloa– que están a punto de pasar a manos del gobierno federal son: ‘‘Camioneta Dodge Ram 2013 color rojo, placas UC-83 672; Pick-up Nissan 2008 color gris con blanco, placas UC-76-716; Volkswagen tipo van 2013 color gris, placas VNK-93-87; Volkswagen Jetta 2003 color gris, placas VMJ-92-27; Nissan Frontier 2004 con carrocería en color arena, placas TZ-73-468; Mercedes Benz C280 modelo 2009, color negro, placas VMX-97-73; Camioneta Chevrolet Cheyenne 2012 color plata, placas UC 74439’’.

También, ‘‘camioneta Chevrolet Captiva Sport 2013 color blanco, cuatro puertas, placas VMY-1584; Jeep Línea Wrangler Sahara 2013 color blanco, dos puertas, placas VNK2087; Chevrolet Malibú 2011 color blanco, cuatro puertas, placas VNA 4038, y camioneta Jeep Cherokee Overland 2006, color gris plata, cuatro puertas, placas VKP-2584’’, destaca el oficio de notificación.

En la lista de vehículos asegurados también se encuentran unidades Mercedes Benz blindadas y de lujo, así como teléfonos celulares, equipos de cómputo y relojes de diversas marcas que fueron incautados en el condominio Miramar, de Mazatlán (igualmente asegurado), donde fue capturado Guzmán Loera.

Según estimaciones preliminares realizadas por autoridades federales, dichas propiedades –la mayoría de las cuales estaban inscritas en el Registro Público de la Propiedad a nombre de personas que se considera que eran prestanombres de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera– tienen un valor comercial aproximado de 65 millones de pesos.

A decir de Millán, Rosales y Becerril, entrevistados por separado, los aseguramientos relacionados con la captura de El Chapo no representan ni 10 por ciento del total de los bienes que posee el narcotraficante, a quien la revista Forbes ubicó durante cuatro años consecutivos como uno de los hombres más ricos del mundo, pues calcularon su fortuna en más de mil millones de dólares.

‘‘Es inconcebible que la PGR, con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguridad y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional no hayan realizado una investigación exhaustiva de los movimientos financieros, empresas, registros contables o fiscales, y sobre las inscripciones de los bienes muebles e inmuebles a nombre de familiares y personas de confianza de Guzmán Loera. Eso le hubiera impedido mover dinero, le habría dificultado organizar su fuga’’, dijo el penalista y criminólogo José Becerril.

Millán y Rosales coincidieron en que el gobierno debió tomar todo tipo de previsiones para evitar la fuga del reo, como era haber tenido vigilancia permanente de efectivos del Ejército Mexicano y/o haberlo rotado constantemente de celda.