uímica Central de México (Quicemex) se presenta como orgullosamente mexicana, líder en el desarrollo, fabricación y comercialización de productos químicos derivados del cromo y especialidades para la industria curtidora. Con más de 40 años en el mercado y con prestigio mundial, al año puede procesar más de 30 mil toneladas de sulfato básico de cromo, 32 mil de solución de bisulfito de sodio y 6 mil de aceites y recurtientes sintéticos para la curtiduría. Surte el mercado nacional y exporta a varios países latinoamericanos y China. Lo que antes se traía de Estados Unidos, Alemania o Rusia ya se obtiene en la planta que dicha empresa tiene en San Francisco del Rincón, Guanajuato.

Con sus nuevos procesos tecnológicos logra compuestos químicos para el cromo y sus derivados, las industrias textil, minera, curtidora, química, de pigmentos, fotográfica, vidriera, farmacéutica, metalúrgica y papelera. Hasta para el tratamiento de aguas. No menos orgullo muestra la empresa por formar recursos humanos en instituciones educativas de alto prestigio. Y cuidar el ambiente y no generar residuos peligrosos que atenten contra la salud pública y los recursos naturales. Esto, afirma, gracias a una tecnología que supera la norma oficial.

Muy diferente piensan desde hace 30 años los habitantes de la amplia zona industrial localizada entre las ciudades de León y San Francisco del Rincón. Especialmente la década reciente las denuncias ciudadanas, de especialistas en salud y ambiente, legisladores y uno que otro funcionario público, han denunciado el enorme daño que esa negociación causa en tan importante región del centro del país. Con la pasividad que le caracteriza, la autoridad ambiental no ha tenido mas remedio que multarla con un millón y medio de pesos por el manejo inadecuado de sus residuos, que son muy peligrosos, en especial el cromo hexavalente y por contaminar el suelo, el aire y el agua de ríos y pozos de los que se surte la población. Sanción ri­dícula si se considera el daño que ocasiona y que se extiende a los trabajadores de la planta y vecinos, expuestos a daños, especialmente en el sistema respiratorio, sin descartar el cáncer. Agreguemos que, según los vecinos afectados, la fábrica suele laborar en la noche para ocultar la alta contaminacion que genera.

Son numerosas las solicitudes ciudadanas y de organizaciones ambientales y de la salud exigiendo el cierre de la planta y la remediación del sitio donde se encuentra. Muy poderosos son los intereses político-económicos involucrados en esta empresa que en nada honra el nombre de México y cuyos logros ambientales apenas existen en su publicidad. A fines de junio pasado, personal de la Procuraduría General de la República cateó las instalaciones de dicho complejo y, como informó nuestro corresponsal Carlos García, tomaron muestras del cromo hexavalente almacenado al aire libre y evaluaron los riesgos que representa. Se trata de 300 mil toneladas que son un enorme foco de contaminación. La acción de la procuraduría respondió a la denuncia penal interpuesta ante la autoridad ambiental por manejo inadecuado de sustancias peligrosas.

Por tener en esas condiciones residuos extremadamente dañinos, hace un año la Profepa clausuró Química Central de México, cuyos directivos insisten en que es una industria limpia. Sexenios pasan y el problema no se resuelve, como tampoco el de otros 22 puntos críticos de contaminación que hay en Guanajuato. Las instancias oficiales saben muy bien de ello, pero no aplican la normativa existente en la materia. La situación se agrava con el paso de los días, con el agravante de que no hay ningún estudio epidemiológico que muestre los daños que en su salud sufren los trabajadores y vecinos de Química Central de México, la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, por ejemplo. Al gobierno, cuyo prestigio yace en lo más profundo de un túnel, no solamente le debe preocupar la captura de El Chapo Guzmán, sino también cumplir la legislación que garantiza el derecho a la salud y a un ambiente sano.