n los últimos 10 años, el auge de la industria inmobiliaria en el Distrito Federal ha conducido a la urbe a un crecimiento exponencial en la construcción de viviendas, en una proporción de 18 mil por año.
Por desgracia, ese proceso no ha estado acompañado de una adecuada planificación urbana ni precedido de los proyectos necesarios para garantizar la sustentabilidad de esa explosión habitacional; por lo contrario, la tendencia ha obedecido a meros criterios del mercado y al desenfrenado afán de ganancia de los empresarios del ramo. En algunas regiones de la capital –particularmente el poniente, el centro y el sur–, barrios tradicionales han sido desplazados por la construcción de grandes edificios de viviendas, que resultan inalcanzables para la mayoría de los asalariados de la capital, lo que ha provocado el desplazamiento de éstos a las zonas periféricas del área metropolitana. Las externalidades negativas del fenómeno no se agotan en el encarecimiento de la vivienda: a ello se suma la falta e insuficiencia de servicios y vialidades, así como el alza en el costo de impuestos y derechos –como el predial y el costo del agua–, en perjuicio de los habitantes tradicionales.
El referido desorden inmobiliario se deriva de la conjunción de vicios del poder público y malas prácticas del poder empresarial. Diversas asociaciones de vecinos han documentado violaciones a la normatividad en materia de construcción y uso comercial en distintas colonias, que posibilitan desde la edificación de edificios mucho más altos de lo permitido hasta la apertura de negocios en zonas exclusivamente habitacionales, por citar dos de los ejemplos más recurrentes. En el mejor de los casos, las autoridades han sido incapaces de revertir esa explosión inmobiliaria descontrolada; en el peor, han sido cómplices de la misma.
Los saldos de ese desorden están a la vista: un deterioro generalizado en la calidad de vida de los habitantes de la capital, problemas de movilidad urbana, inseguridad, deterioro institucional, descontrol y, paradójicamente, un déficit de vivienda para los sectores más necesitados de la población, que se ven obligados a desplazarse grandes distancias a sus centros de estudio o de trabajo.
La situación descrita debe ser revertida, pues está en juego la viabilidad misma del centro político y económico del país. Cabe esperar que el nuevo mapa político en la capital genere los contrapesos necesarios para acotar el poder de hecho, tan nocivo como indebido, que han adquirido las inmobiliarias en la ciudad capital en perjuicio del conjunto de sus ciudadanos.
