La Procuraduría General de la República (PGR) señaló que siete de los encargados de vigilar directamente a Joaquín El Chapo Guzmán Loera encubrieron la fuga del líder del cártel de Sinaloa.

Dos de ellos tenían la encomienda de observar de manera permanente la cámara que está dentro de la celda número 20 del área de tratamientos especiales y no dieron aviso de manera inmediata de la fuga. Aún no se ha determina cuánto tiempo transcurrió antes de que se diera la alerta general.

Los otros cinco consignados ante un juez federal formaban parte de las áreas de seguridad interna. Uno de ellos estaba a cargo del diamante (zona de vigilancia directa) que otorga acceso a los pasillos y apertura de puertas de seguridad de manera manual de la zona donde estaba Guzmán Loera.

Los otros cuatro eran los custodios que debían supervisar las áreas y revisar las celdas de cada uno de los internos que se encuentran en esa zona.

La consignación ante un juez federal se dio a conocer ayer, y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) explicó que de los 22 funcionarios que fueron detenidos desde el pasado domingo, 15 quedaron en libertad bajo reservas de ley y en siete de ellos se obtuvieron pruebas que acreditan su presunta responsabilidad en la fuga.

La Seido informó que en contra de los monitoristas y custodios se libraron y cumplimentaron las respectivas órdenes de aprehensión, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de evasión de preso.

Los siete ex servidores públicos fueron recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 12, situado en Guanajuato, y fueron puestos a disposición del juzgado cuarto de distrito de procesos penales federales en el estado de México, con sede en Toluca.

La PGR indicó que el Ministerio Púbico Federal continúa con esta investigación, en la que actuará contra todas aquellas personas que participaron, de cualquier forma, en los hechos del pasado 11 de julio.

De acuerdo con las autoridades federales a los otros 15 funcionarios se les considera libres bajo reservas de ley y serán llamados nuevamente si es necesario para aclarar o deslindar responsabilidades.

Tras esta consignación, otros grupos de custodios, monitoristas y funcionarios del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social serán trasladados a instalaciones de la Seido para continuar con las investigaciones.

De hecho, las fuentes señalaron que todo el personal que labora en el también llamado Cefereso de Almoloya, deberá comparecer ante el Ministerio Público Federal con el propósito de determinar si tuvieron alguna responsabilidad en la evasión.